Moreno insta al PP a sacar de los tribunales la reforma del sector público
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, emplazó ayer al PP a sacar de los tribunales el decreto de ordenación del sector público de la Junta, una vez que el Gobierno autónomo acordó tramitar la reforma como un proyecto de ley y discutirla en el Parlamento. "Es el momento de los diputados, no de los abogados", dijo la número dos del Ejecutivo andaluz, tras conocer la intención de los populares de presentar un segundo recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), con el argumento de que esta normativa, ya en vigor, tiene numerosos artículos que son "exactamente iguales" a los del anterior decreto.
Según Moreno, la admisión por parte del alto tribunal del primer recurso que presentó el PP es un "trámite procesal que no entra para nada en el fondo de la cuestión", y que lo único que significa es que carece de defectos de forma. "Quien sí ha entrado en el fondo es el Defensor del Pueblo, y ha dejado meridianamente claro en su informe que el decreto no conculca la libertad sindical, respeta la negociación colectiva y los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público".
La consejera recordó que el Gobierno ha querido llevar al Parlamento la reforma del sector público porque vio que era necesario tras las quejas y la inquietud que ha suscitado. "Yo le diría al PP que es el momento de los diputados, no de los abogados, a no ser que el PP no tenga diputados capaces de defender sus proyectos y propuestas en el Parlamento andaluz", añadió.
"Manipulación"
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que compareció ayer en el Parlamento, achacó, por su parte, las movilizaciones a la "manipulación" y a un intento de "desestabilizar" al Gobierno. La consejera pidió a los grupos un ejercicio de responsabilidad "sin que haya una manipulación en el espíritu y la letra".
Denunció una "campaña de intoxicación mediática que parte desde posiciones conservadoras" contra este decreto. Y tambiénlas acusaciones de "sindicatos minoritarios" que, en su opinión, no han querido negociar, "a veces con posiciones numantinas" y cuyas reivindicaciones, en ocasiones, "van más allá de la defensa de los empleados públicos".
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