La legitimidad de los sindicatos

Las dificultades para la acción sindical en momentos de crisis son ya conocidas. La inseguridad en el empleo genera incertidumbre y miedo; la escasez de recursos agudiza la disputa por los mismos; la sicosis real o inducida sirve de coartada patronal a la hora de negociar los convenios o a la hora de aplicar los acordados... Todo esto lo hemos vivido ya otras veces. Pero en esta ocasión, hay una dificultad añadida que se está materializando con una saña y virulencia desconocidas hasta el momento. Es la feroz campaña de ataque al movimiento sindical que se está dando desde sectores económicos, políticos y mediáticos y no sólo los ultraconservadores. Y que desgraciadamente en Euskadi, también encuentra eco, incluso en parte del sindicalismo vasco.

Hay cierto interés en hacer desaparecer la función de los sindicatos como representantes colectivos

Conviene no engañarse. Más allá del discurso zafio, manipulado y falso sobre el particular, la pretensión última de ciertos políticos, opinadores, odiadores y enteradillos en general es clara: hacer desaparecer la función de los sindicatos como representantes colectivos de los trabajadores y trabajadoras.

Esta es una campaña que tiene varios frentes. El primero pretende cuestionar la legitimidad del sindicalismo: "¿A quién representan estos?", suelen preguntarse ardorosos sabelotodos. Nuestra respuesta es clara. Tenemos la legitimidad que nos confiera la legalidad vigente para representar los intereses de los trabajadores, empezando por la Constitución en su Título Preliminar y en el articulado referido a los Derechos Fundamentales. Representamos a los millones de personas que participan en los procesos electorales: en Euskadi, algo más del 70% de los trabajadores cuya dimensión de empresa lo permite (más de 6 empleados) tiene representación sindical elegida, con una participación de voto entorno al 74% de censo electoral. Tenemos los índices de afiliación más altos que existen entre las organizaciones políticas y sociales. De largo. CC OO de Euskadi, por ejemplo, tiene 56.000 personas afiliadas y en España más de 1.200.000.

¿A quién representa un partido político? ¿A sus afiliados? (normalmente, pocos) ¿A sus votantes? ¿A la ciudadanía? En efecto, en el ejercicio de su labor institucional a la ciudadanía, y nadie pone en cuestión esa legitimidad (y CC OO, menos que nadie). Pero tampoco vamos a permitir que se nos cuestione a nosotros. Porque es antidemocrático, amén de un germen de neo-autoritarismo. ¿Cómo se calificaría a alguien que dijera que el Grupo Parlamentario X ó Y representa a los mil, treinta ó cien mil afiliados del partido X ó Y, y no al conjunto de la sociedad y a sus votantes cuando aprueba una ley? Obvio la respuesta.

El segundo frente que se ha abierto se refiere a la financiación de las organizaciones sindicales, a los llamados "liberados sindicales" y a las supuestas "prebendas" que algunos pretenden atribuir a los sindicatos. Podemos decir sin ningún complejo que el nivel de subvenciones públicas que recibe el sindicato supone una parte menor de nuestro presupuesto. Defendemos además que esas subvenciones deben estar fijadas con luz y taquígrafos en las normas vigentes y afirmamos sin complejos que tienen una perfecta justificación. Abogamos por una Ley de Participación Institucional que ponga negro sobre blanco en qué ámbitos, con qué competencias y con qué financiación se sitúa la participación sociolaboral de las organizaciones sindicales. Cuando CC OO de Euskadi, cuando (por ejemplo) participa en los organismos sociolaborales, o cuando CC OO de España negocia la viabilidad presente y futura del Sistema Público de Pensiones, está ejercitando una acción sindical que beneficia al conjunto de la población, no sólo a nuestros afiliados. Y por cierto, esa actividad que genera numerosos gastos al sindicato, no sería justo que los pagaran sólo los afiliados con sus cuotas. ¿Sería eso justo? Por eso las subvenciones (repetimos, escasas y fiscalizadas) son perfectamente lógicas. El otro sistema que algunos proponen con inconsciente alegría por parte de algunos, es que los sindicatos se financien únicamente con las cuotas de sus afiliados; esto podría tener el siguiente corolario: la acción colectiva de los sindicatos (convenios colectivos, incrementos salariales, pensiones públicas, etc.) se aplicarían sólo a las personas afiliadas a los sindicatos. El sindicalismo "corporativamente" hablando, saldría muy beneficiado, porque se habilitaría un sistema que incentivaría la afiliación de aquellos que quisieran beneficiarse de los frutos de la acción sindical. El sindicalismo entendido como sindicalismo de clase, con una voluntad de vertebrar una sociedad cohesionada en el plano laboral y social, evidentemente no. Las partes más débiles de la sociedad quedarían infinitamente más desprotegidas. ¿Alguien ha reparado en el tamaño medio de las empresas en Euskadi o España, y la situación en la que quedarían millones de trabajadores sin las referencias sectoriales de los convenios colectivos?

El rancio discurso de los liberados es otra de las mentiras de moda. La figura legal del liberado no existe. Los representantes de los trabajadores disponen de un crédito de horas establecido por la ley o por los acuerdos y convenios colectivos para realizar su actividad sindical. En algunos ámbitos (normalmente empresas de cierto tamaño o Administraciones Públicas) esas horas se ceden de unos representantes a otros para que uno o más, puedan dedicarse en exclusiva a la actividad sindical (dentro o fuera de la empresa). Resulta ridículo, como pretenden algunos, tratar de vincular esto con la crisis o el déficit público.

Más allá de estas aclaraciones, conviene no perder la perspectiva de las cosas. Lo que se está dando no es ningún calentón de mangantes ultraderechistas (que también); quiere ser un ataque a la línea de flotación de la última trinchera que les queda por derribar a los grandes lobbys económicos. Los que pretenden eliminar los derechos laborales y sociales de la gente cuestionando a los sindicatos, a su papel de interlocutores sociales y a su poder contractual expresado a través de la negociación colectiva y el diálogo social. En el fondo, tratan de abrir un camino de vía rápida para mercantilizar lo que de social tenga el poder público y lo que de garantista y distribuidor tenga el sistema de relaciones laborales.

Unai Sordo es secretario General de CC OO Euskadi.