La obra inconclusa de Urbancasa

Tres años después de su detención en Tortosa (Tarragona), Ángel Crespo y María Victoria Ferrer entran elegantes pero cabizbajos en la Audiencia de Guipúzcoa, donde volverán a verse las caras con las 44 personas a las que presuntamente estafaron a través de la inmobiliaria Urbancasa. Esta vez, con esposas y con licencia para callar o decir únicamente la verdad. Y con una petición del fiscal de siete años y nueve meses de prisión para ambos por un delito de estafa continuada.

La primera confesión de Crespo no se hace esperar: "Habría podido pagar las deudas si no estuviera en la cárcel". Más de un total de un millón de euros por 27 acciones fraudulentas en la Ribera de Navarra y en Guipúzcoa. Cifras que tampoco recuerda exactamente. "Yo no puedo comunicarme. No sé si usted sabe cómo es la prisión de Martutene", espeta al fiscal.

Los presuntos estafadores decían que tenían todas las licencias

Por la Audiencia de Guipúzcoa han pasado a lo largo de las dos últimas semanas testimonios desgarradores de acusados, que sobrellevan el caso como pueden: algunos con resignación y otros con abatimiento. La mayoría de los episodios, en ocho localidades, siguen un mismo patrón. Los estafados ven en una revista un anuncio de una promoción urbanística. Se interesan por ella y Crespo y Ferrer -a quien la defensa y el presunto estafador han tratado de presentar como simple parte firmante- les enseñan el terreno, una casa piloto y les prometen que disponen de todas las licencias. Los afectados entregan un dinero en concepto de reserva y otro como anticipo.

Pasan los meses y las obras no comienzan; muchos timados reclaman su dinero y otros aceptan edificar su casa en otro lugar. En todo momento, Crespo y Ferrer aseguran que hay problemas, pero siempre concluyen diciendo que la casa se construirá. Finalmente, las obras no comienzan y sólo es devuelta una parte del dinero y, además, en algunos casos.

En la salida de la Audiencia de Guipúzcoa, un joven consuela a su novia, que llora por impotencia. Es, según los letrados, el caso más "sangrante" de la estafa. La pareja decidió cambiar su residencia y trasladarse a vivir a Lesaka (Navarra), en un lugar tranquilo. Él, cocinero, y ella, administrativa, solicitaron un préstamo de 150.000 euros para afrontar los pagos de reserva y anticipo, que sumaban 124.000 euros. Tras varios meses, Crespo y Ferrer desaparecen y, aún hoy, siguen sin haber recuperado su dinero. Por el contrario, tendrán que pagar una hipoteca durante los próximos 38 años. "Mi intención es seguir devolviendo el dinero cuando salga de la cárcel, comenzando por el caso de Lesaka", asevera Crespo a la conclusión del juicio.

Pasan las sesiones, comparecen los acusados, los afectados y varios testigos. Incluso, se conoce que Crespo pagó desde la cárcel 18.000 euros a un comisionista francés. El fiscal, que opina que los presuntos estafadores tienen el millón de euros a su disposición, eleva su petición de pena al máximo aplicable a una estafa continuada, ocho años por considerar que, en muchos casos, los estafados querían adquirir las casas como primera vivienda.

Las acusaciones, por su parte, piden diferentes penas. Algunas solicitan un castigo como el que demanda el fiscal, pero otras consideran que se debe considerar cada timo un hecho diferenciado, con lo que las penas podrían llegar a ser de 64 años, ocho por cada localidad.

La defensa, que solicita la libre absolución para los acusados, sostiene que en los contratos queda claro que los inmuebles que los estafados pretendían comprar no son viviendas. "Firmaron a sabiendas de lo que firmaban", remarca. En todo caso, el letrado indica que, en caso de aceptarse la petición del fiscal, deben aplicarse los atenuantes de dilaciones indebidas y de proporcionalidad punitiva de la pena, al haber sido ya condenados por la Audiencia de Navarra. Si esto fuera así, descontando los cuatro años que se les impuso y los tres que han pasado en la cárcel, ambos quedarían libres en 2011. Los afectados, sin embargo, difícilmente recuperarán su dinero.