Inquietud en el Gobierno por la imagen que la polémica proyecta en Europa

El Gobierno empieza a albergar una preocupación añadida a la que levanta la previsible obligación de que se deba cumplir la sanción de la Comisión Europea por las vacaciones fiscales, las ayudas a la inversión de los años noventa que la UE considera ilegales, si el Tribunal de Luxemburgo la revalida. Esa segunda inquietud es la imagen que este tipo de conflictos, tan prolongados en el tiempo, pueden transmitir sobre la seriedad del País Vasco en materia fiscal, cuya autonomía en la materia es bien conocida por las autoridades europeas. No puede hablarse de alarma, pero sí existe un temor que dejan explícito distintas fuentes: el de que estos choques con la Comisión se traduzcan en deterioro de esa imagen o instalen en Bruselas una actitud de desconfianza preventiva ante futuras actuaciones vascas en este terreno.

Gerenabarrena sostiene que no debió realizarse ninguna devolución

Confebask recalca que las empresas "cumplieron en todo momento"

En medios del Ejecutivo no se oculta ese convencimiento de que mantener abierto este contencioso lesiona la imagen de la fiscalidad vasca en Europa y no contribuye a asentar la confianza en la seriedad de las actuaciones de las Haciendas forales.

Por ello hay quien se inclina abiertamente por animar a las Diputaciones a que envíen cuanto antes señales inequívocas de querer terminar con el conflicto, evitar más dilaciones y renunciar a una dinámica de recursos. De igual modo está extendido el convencimiento de que, si hay que pagar la multa, lo mejor será pagar cuanto antes.

El Gobierno mantiene una actitud de prudencia y respeto a las Diputaciones y se mantiene atado al compromiso de ayudar a las empresas afectadas, que, a su entender, obraron de buena fe, confiadas en que las subvenbciones resultaban compatibles con la normativa europea. Pero el Ejecutivo también tiene claro que no debe dejarse envolver en algo que ni ha liderado ni está entre sus competencias.

Tras el pronunciamiento de la Comisión, sus servicios jurídicos tienen ahora que redactar un escrito que remitirán al Tribunal de Luxemburgo y, a la vez, a las partes. Será en ese momento cuando las Diputaciones conozcan en detalle los datos en que la Comisión ha basado su decisión de multar a España con más de 25.800 euros diarios a contar desde diciembre de 2006 y podrá, en su caso, rebatirlos, y tratar de convencer a los jueces para que no avalen la sanción.

Iñaki Gerenabarrena, presidente del PNV en Álava, el territorio más afectado, defendió ayer la actuación de las instiotucioines forales. Hicieron bien su trabajo en la devolución de las ayudas, sostuvo en una entrevista en ETB. "Los tribunales nos darán la razón", prevé. A su juicio "las posiciones de base de la Unión Europea son equivocadas" y además "se ha caído en una espiral de gran titular". Incluso cuestionó que fueron precisas las devoluciones de ayudas que sí se han producido.

La patronal Confebask y sus tres organizaciones territoriales consideraron "injustificada" la propuesta de sanción. A través de un comunicado, recalcaron que las empresas vascas "cumplieron en todo momento" con lo que se les exigía. En primer lugar, realizaron "las inversiones requeridas para acogerse a los incentivos establecidos por las instituciones legitimadas para ello", y después dieron "cumplida respuesta a todos los requerimientos de las Diputaciones para la reintegración tributaria de las ayudas, en los términos en que les han sido formulados".