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Análisis:ANÁLISIS | El conflicto de las 'vacaciones fiscales'

Vacaciones pagadas (quizá muy caras)

Desde la recuperación del Concierto, el País Vasco ha tenido un Impuesto de Sociedades más bajo que el del resto de España. Aunque las cifras varían entre años, en promedio las empresas de la CAPV pagan en torno al 35% menos que las del resto de España y se han ahorrado anualmente impuestos equivalentes a más del 1% del PIB. Que la sociedad haya obtenido algún beneficio (en términos de renta o empleo) de estas reducciones fiscales es más bien dudoso. Por ejemplo, ninguna empresa va a contratar un trabajador más o comprar una máquina más por un incentivo fiscal. Y mejor que no lo haga, porque si la rentabilidad de una inversión depende de no pagar impuestos casi seguro que es una mala inversión. Lo más probable es que la mayoría de los incentivos fiscales hayan ido directamente a beneficios de los empresarios y hayan servido solo para bonificar inversiones y contrataciones que, incluso sin el incentivo fiscal, se hubieran producido. Por tanto, frente al dudoso beneficio social de las rebajas del Impuesto de Sociedades, los beneficios para los propietarios de las empresas están claros.

Las Diputaciones deben recuperar las ayudas o explicar claramente en qué miente la Comisión

Dos incentivos fiscales -una exención temporal de impuestos para empresas de nueva creación y una deducción por inversiones grandes- son la base del conflicto actual con la Comisión Europea, que considera que son ayudas de Estado contrarias a la libre competencia. En 2001, la Comisión ya declaró estas medidas ilegales según las normas europeas. La ilegalidad fue confirmada por la Corte Europea de Justicia en 2006 y desde 2007 la Comisión está recordando a España -a las Diputaciones- que está incumpliendo la obligación de hacer devolver a las empresas estas ayudas. La decisión de sancionar a España -en multa a pagar por las Diputaciones, o mejor dicho, por los contribuyentes vascos- se basa en que la Comisión considera que, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha hecho lo suficiente para recuperar las ayudas. Esta decisión debe ser confirmada por la Corte, en un proceso que llevará tiempo. Si el resultado no es favorable al País Vasco, la multa será de no menos de 50 millones de euros (casi 25 euros per capita) y puede ser mucho más si, tras el resultado, se continúa sin recuperar las ayudas. Cabe señalar que varios países han tenido que recuperar ayudas fiscales consideradas ilegales por la Comisión y que los más reticentes (como Italia o España) han recibido también sanciones monetarias, aún pendientes de confirmación judicial.

Las Diputaciones dicen que ya han recuperado el dinero. Puede que sea cierto. Incluso puede que sea más cierto para unas Diputaciones que para otras. Sin embargo, que hayan pasado más de cuatro años desde la resolución judicial que obligaba a recuperar las ayudas, la falta absoluta de transparencias de las Haciendas sobre esta cuestión y la propuesta de sanción de la Comisión sugiere que las cosas están muy poco claras. Cierto es que, a falta de más información, no se sabe exactamente por qué la Comisión dice que no se han recuperado las ayudas o qué porcentaje falta por recuperar. Pero, no parece razonable que la Comisión tome medidas tan severas sin una base sólida.

En este contexto, lo que se debe hacer es buscar el acuerdo con la Comisión para evitar que el conflicto llegue a la Corte Europea. Las Diputaciones deben recuperar las ayudas -con todas las facilidades legalmente posibles para empresas cuya situación financiera sea muy complicada- o explicar claramente a la sociedad en qué miente la Comisión, en qué discrepan de ella y cuál va a ser la base legal de su defensa en la Corte. Porque las Haciendas no pueden pretender que la sociedad, además de perder ingresos por los incentivos fiscales, pague por no hacer que las empresas devuelvan lo que cobraron ilegalmente (según las normas europeas).

Recuperas las ayudas no conlleva menoscabo de la autonomía fiscal de la CAPV porque las normas fiscales de las Haciendas están sujetas a la normativa europea en las mismas condiciones que las normas fiscales de cualquier país. Y todos tienen prohibido dar ayudas fiscales de Estado. En realidad, la autonomía fiscal de la CAPV no es ilimitada. Por un lado, está sujeta a las normas de la UE y, por otro, a los principios de armonización contenidos en el Concierto.

Casi todos los conflictos en materia fiscal de las Haciendas Forales con el Estado y la Comisión giran en torno a las reducciones fiscales para las empresas. Quizá es hora de cambiar el enfoque e intentar que las empresas vascas sean competitivas no porque pagan menos impuestos, sino porque son más productivas, innovan, ofrecen productos de calidad, ganan mercados, etcétera. El próximo debate sobre el modelo fiscal de la CAPV puede ser un buen momento para clarificar ideas y tomar decisiones.

Ignacio Zubiri es catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco (UPV).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de noviembre de 2010