Inspección de Trabajo abrió 52 actas de sanción este año en obras públicas

Las visitas de la Inspección de Trabajo durante este año a las grandes obras del Estado en Galicia se tradujeron en 52 expedientes sancionadores. Las actas se concentran especialmente en la provincia de Pontevedra, donde las obras del AVE acumulan 29. Los expedientes no se traducen en sanciones firmes, ya que las empresas pueden presentar alegaciones. Los datos de Inspección de Trabajo en Galicia indican que se han levantado ocho actas de infracción en las obras de ampliación del aeropuerto de Santiago y un requerimiento en los trabajos del puerto exterior de Punta Langosteira, en A Coruña. En la provincia de Lugo son las obras de la autovía del Cantábrico las que tienen abiertos seis procesos sancionadores, mientras que en Ourense los trabajos para construir las vías del AVE motivaron nueve expedientes.

Fomento declina su responsabilidad sobre las empresas que hacen sus obras

Estas obras públicas están promovidas por el Ministerio de Fomento, que ayer recalcó por medio de un portavoz que el ámbito de responsabilidad del departamento sobre las condiciones laborales de los obreros está limitada por la Ley de Contratos del Sector Público y que el departamento no tiene competencias en esta materia. En caso de que se incumpla la legislación laboral, "son los propios trabajadores los que deben denunciar o debe actuar la Inspección de Trabajo por sí misma", recuerdan desde Fomento. "El propietario de la obra no tiene ninguna responsabilidad", insisten, que limita la propia ley. El Ministerio, explican, no puede adjudicar la obra a empresas que previamente hayan cometido impago de tributos o de la Seguridad Social o incumplimientos graves de normativa laboral.

La propia Consellería de Traballo e Benestar, que no tiene capacidad para levantar actas pero sí para sancionar sobre algunas materias, ha impulsado a través de un proyecto europeo con el Norte de Portugal -denominado Accept- una iniciativa "a través de la que se pondrán en marcha visitas conjuntas de la inspección gallega y portuguesa a empresas del sector de la construcción". La labor de la Xunta será de coordinación.

Mientras, dos trabajadores portugueses que el martes denunciaron represalias de la empresa ourensana Dabalpo -que trabaja en obras públicas como la de Lavacolla- por protestar contra unas condiciones laborales de "esclavitud", sientan hoy en el banquillo a los responsables de la empresa. Denuncian irregularidades en los cobros, porque en su cuenta bancaria no aparece todo el dinero que firman en su nómina. "Perderán, porque con lo que están haciendo tienen que perder todos los juicios", asegura Luis Costa, que ya consiguió por esta vía que lo readmitieran en la empresa y su derecho a vacaciones. "Veremos si nos las pagarán", dice desde una nave donde limpia madera para encofrados en Sigüeiro. Allí está apartado desde hace 15 días con su compañero Eduardo Leiras por protestar y pronto, sospechan, se les unirán un par de compañeros. Mientras, sin luz, ni agua, y comiendo a base de bocadillos, piden la ayuda de Inspección de Trabajo y agradecen la labor del sindicato CIG. "Somos esclavos de Dabalpo", dicen.