Andaluces y catalanes

Más datos verificados y razonamientos ordenados, y menos juicios retumbantes y aproximativos es lo que necesitamos para evitar tantos falsos debates, decía aquí hace dos años Soledad Gallego-Díaz; y ponía como ejemplo la publicación de las balanzas fiscales, a lo que se resistía el Gobierno: mejor que se conozcan, para que sepamos dónde está la riqueza y cómo se mueven los flujos entre comunidades ricas y pobres, de forma que pueda abrirse un debate sobre cómo compaginar los intereses de unas y otras.

Desde hace muchos años el asunto de la diferencia entre lo que pagan los catalanes en impuestos y lo que reciben del Estado forma parte del argumentario catalanista. Pero la aparición reciente de un patriotismo del interés, que presenta el independentismo como una opción racional en términos de coste/beneficio, y no solo ideológica, ha situado esa cuestión en el centro del debate nacionalista. "España, como Estado que pagamos, es un mal negocio", dijo Carod-Rovira en 2003. Un vídeo de campaña de CiU presenta a un carterista envuelto en la bandera de España, atracando a un catalán. Es una imagen propia de la Liga Norte de Humberto Bossi: "Roma ladrona". Hace un par de años, un concejal de ICV se hizo fugazmente famoso por sacar en su blog la sarcástica consigna "adopte a un niño extremeño" (con sus impuestos).

Andalucía contribuye a la prosperidad de Cataluña más que a la de cualquier otra comunidad

El líder de ERC, Joan Puigcercós, lo ha expresado afirmando que Madrid es "una fiesta fiscal" y que en Andalucía "no paga impuestos ni Dios". El sábado pasado lo explicó (en la cadena SER) diciendo que la prueba de lo primero es que en Madrid hay más empresas pero menos inspecciones fiscales que en Cataluña; y sobre lo segundo, que no es sospechoso de antiandaluz porque siempre ha defendido políticas de integración de los inmigrantes. Artur Mas le reprochó su imprudencia: "Hay que ir con cuidado en cómo decimos las cosas, aunque podamos tener razón".

El ex ministro Ernest Lluch, de cuyo asesinato por ETA se cumplieron diez años el pasado domingo, sostenía que la discusión sobre el déficit fiscal es inseparable de la del superávit comercial: el saldo entre lo que Cataluña exporta a otras comunidades y lo que les compra. Ese saldo viene siendo favorable a Cataluña desde que existen estadísticas y creció un 44% entre 1995 y 2006. En 2009, Cataluña vendió por un importe de casi 52.000 millones de euros, que doblaba el de sus compras. El saldo (24.000 millones) compensa ampliamente el déficit fiscal (unos 18.000 millones, según Artur Mas), y sirve, decía Lluch, para financiar empleos en Cataluña.

Desde hace poco existen también datos fiables sobre las relaciones bilaterales entre una comunidad y cualquier otra. Se sabe así que en el periodo 1995-2007, Andalucía ha sido el cuarto cliente de Cataluña; pero visto desde el lado andaluz, Cataluña es su primer proveedor, con el 19,8% del total. Lo que significa que Andalucía contribuye a la prosperidad de esa comunidad más que a la de cualquier otra. El saldo promedio del comercio entre ambos territorios es favorable a Cataluña en una proporción 60/40. Son datos de los informes sobre comercio interregional que desde 2004 realiza el Centro de Predicción Económica, con patrocinio de 11 comunidades autónomas.

Esos datos cuestionan el argumento de los independentistas por interés. Cataluña aporta el 15,9% de la población española y el 18,5% del PIB, mientras que absorbe el 25% del total de comercio interregional de España (suma de exportaciones e importaciones), lo que indica pujanza económica pero a las vez una fuerte dependencia del mercado español. De ello se deduce que la aportación catalana a la nivelación de servicios y cohesión social de las comunidades con menor renta es un gasto pero también una inversión en favor de su propio progreso.

Así se reconocía hasta hace pocos años, especialmente por parte de la izquierda, que criticaba las simplezas de la derecha nacionalista al respecto: su queja porque las comunidades con mayor renta están discriminadas en relación a lo que pagan sería aplicable a un barrio residencial de Barcelona respecto a uno popular. Pero lo insólito es que haya partidos que consideren que es una política de izquierdas el intento de poner límites unilateralmente a las políticas redistributivas del Estado.

Una encuesta reciente indica que el 65% de los catalanes apoya la propuesta de Artur Mas de un sistema similar al concierto vasco que reduzca a la mitad la aportación catalana a la solidaridad territorial; pero otro estudio que resumía aquí E. M. Herrera el día 18 reflejaba que el 67% de los catalanes eran favorables a transferir fondos a las zonas menos prósperas para garantizar similares servicios públicos en todas las comunidades, y el 74% lo era a la intervención del Estado para reducir las diferencias entre ellas. Y concluía que tal vez haya en ese tema, crucial en el debate actual, una divergencia entre la visión de la clase política de Cataluña y la del conjunto de sus ciudadanos. La abstención que se registre el domingo dará una pista fiable sobre la verosimilitud de esa hipótesis.