El PP presiona al fiscal para que no pida el archivo de la querella contra Luna

El PP ha decidido presionar al fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, para que mantenga viva la querella contra el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, por una reforma realizada en su casa hace 13 años.

En un escrito remitido ayer al fiscal superior, el PP reclama que "no solicite el archivo" de la causa por considerar que es necesario practicar otras diligencias previas, como que declaren la esposa de Ángel Luna o el constructor Enrique Ortiz, antes de que Cabedo adopte una decisión.

Lo sorprendente de este escrito, sin embargo, no es la petición, sino los argumentos que la sustentan. Los populares acusan a la fiscalía de "suministrar material a las redacciones de los periódicos", ponen en duda la imparcialidad del ministerio fiscal -acusan al teniente fiscal de la Fiscalía Superior de "las escasamente incisivas preguntas" realizadas en la testifical a Luna- y dan por hecha la culpabilidad del portavoz socialista de un "cohecho agravado" que impediría la prescripción del supuesto delito.

La oposición acusa a Blasco de instigar la campaña de descrédito

En su escrito, los populares llegan a comparar la imputación de Luna con la imputación al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el ex portavoz parlamentario del PP, Ricardo Costa. El PP critica que en el caso de Luna las diligencias sean competencia del fiscal superior Cabedo y en el caso de Camps y Costa que el encargado sea el fiscal anticorrupción, aunque obvia que el caso que afecta al jefe del Consell se deriva del caso Gürtel instruido en el TSJ de Madrid.

Pese a ello, el PP, en privado, ya da por hecho que la denuncia contra Luna por la reforma de su casa, casi con total seguridad, se archivará.

Aún así, la dirección regional del PP, a través del secretario general, Antonio Clemente, y el vicesecretario de Organización, David Serra, instó ayer a Luna a asumir "política y judicialmente responsabilidades". "Hablar de un sobreseimiento por prescripción [del supuesto delito] a Luna no le libra de nada", sentenció Serra.

Cuando a Serra se le recordó que la fiscalía desistió de presentar cargos contra la presidenta de las Cortes y ex consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, por recibir un reloj valorado en 2.400 euros de Orange Market -que había logrado su primer concurso para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur- al entender que el supuesto delito había prescrito, Serra alegó que el caso es diferente. "En el PP una imputación no equivale a una condena, mientras que el PSPV cambia de postura y pedimos que sean coherentes", prosiguió Serra, "Luna no es capaz de exigirse lo que pide a los demás".

En este contexto, el diputado socialista Manuel Mata aseguró que el PP y la Generalitat "tienen pánico a la justicia". Mata acusó al consejero Rafael Blasco de mover los hilos de la campaña de descrédito contra Luna en base a "la desinformación, la falsedad y la calumnia".

La diputada de Compromís Mònica Oltra criticó la doble vara del PP para medir las decisiones judiciales en función de sus intereses particulares.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 25 de noviembre de 2010.

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