Nuevo censo de cajas

Esta crisis ha revelado un exceso de capacidad instalada en muchos mercados, pero de forma especial en la industria de servicios financieros y, dentro de ella, en la banca. Los excesos de capacidad son tanto más preocupantes cuanto más bancarizadas están las economías. En la eurozona, y en España dentro de ella, el sistema bancario tiene un peso muy importante, superior al que se detecta en otras áreas económicas, en la canalización de los activos y pasivos financieros de los agentes económicos. Son más de 100 bancos, 45 cajas de ahorro y más de 80 cooperativas de crédito las que integran el censo de oferentes de servicios bancarios en una economía que no volverá a crecer en muchos años al ritmo de los últimos 12 que concluyen en 2007.

Además, la salud del conjunto de las entidades se encuentra amenazada por la continua y creciente erosión de los activos (por morosidad, fallido y aumento de la adjudicación de activos) y por las tensiones de liquidez asociadas a los vencimientos de emisiones en los mercados mayoristas. A ello se añaden decisiones empresariales tan sorprendentes como las que han desarrollado esa nueva guerra del pasivo, cuyos efectos serán una reducción adicional de los márgenes. Las nuevas regulaciones se añaden a ese conjunto de factores que van a obligar a las empresas bancarias a tomar decisiones de ajuste de capacidad (menos oficinas, menos plantillas, menos costes) y buscar dimensiones adecuadas al nuevo entorno.

Hasta ahora lo están haciendo las cajas en una dinámica ciertamente compleja en la que predominan más los procesos de integración a través del Sistema Institucional de Protección (SIP) que a través de fusiones convencionales. Algunas de esas operaciones han buscado acertadamente combinar cajas de ahorros con distinto grado de solvencia y viabilidad. Y, en algunos casos, hacerlas entre cajas de comunidades autónomas distintas para minimizar los costes en términos de desempleo y cierres de oficinas en una primera etapa. Además, las operaciones transregionales tienen la virtud de fortalecer la integración financiera del país. Pero son operaciones complejas, no solo económica y financieramente, sino también políticamente. La influencia política en las cajas añade complejidad, que, sin embargo, está siendo evitada en la mayoría de los casos. El Banco de España dispone de predicamento y mecanismos de influencia suficientes para, sin necesidad de pregonarlo, favorecer una mayor rapidez en el proceso de fusiones. Esa concentración, además, no quedará concluida en esta primera ronda de operaciones. Es muy probable que otras, incluidas aquellas en las que las autoridades han impuesto la fusión de cajas dentro de una misma comunidad autónoma, acaben requiriendo el apoyo de otras de mayor solvencia. El resultado final será menos cajas, más bancarizadas y, es de esperar, tan competitivas como lo fueron en las últimas dos décadas.

Ese mismo celo del supervisor debería haberse aplicado a la hora de optimizar la composición de los SIP, convenciendo a las comunidades autónomas que expusieron los planes de fusión menos acertados y extendiendo esas recomendaciones al resto de las entidades de crédito donde el censo de oferentes también puede requerir un ajuste.