Una ruina de vertedero

Más caro, más pequeño y con años de retraso. El nuevo vertedero para Valencia y su área metropolitana nace lastrado por una factura que casi multiplica por cuatro el coste inicial, con una vida útil de 6,8 años frente a los 23 previstos, y apurando los plazos para evitar el caos que implicaría dejar sin destino a la basura de 45 municipios. Este es el resultado de una planificación para gestionar los residuos aprobada en 1997 y que establecía un plazo de cinco años para dotar a la Comunidad Valenciana de instalaciones adecuadas para tratar y eliminar los desechos urbanos.

En el caso de Valencia y su área metropolitana, el plan zonal para sus residuos no quedó fijado hasta 2002 con el objetivo de abrir dos nuevas plantas de tratamiento y sus vertederos asociados. Las instalaciones de Quart, para sustituir a la obsoleta Fervasa, y de Manises, las adjudicó en 2005 la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre). Un lustro después, la primera está operativa, mientras que la segunda apenas se ha iniciado. Pero donde el retraso y los errores de gestión se hacen más evidentes es en el proyecto de los vertederos, que de momento se quedan en uno que se adjudicó en 2005 por 12 millones de euros y ahora costará 46,5 millones, ocupará solo un 65% de la superficie prevista y tendrá que asumir 450.000 toneladas anuales.

La modificación del proyecto supone un sobrecoste de 34,5 millones de euros

¿Cómo se ha llegado a esta situación? El plan zonal bendecido por la Consejería de Medio Ambiente consideró apto para un basurero el término de Dos Aguas, a 60 kilómetros de Valencia, ya que allí está ubicado el que aún acoge hoy los residuos de 1,5 millones de habitantes que gestiona el Emtre. El organismo, controlado por el PP, partió de esa base para iniciar las adjudicaciones, pero la planificación se torció pronto. El Tribunal Superior de Justicia valenciano declaró nulo el actual vertedero de Dos Aguas en 2005. A falta de alternativas, la consejería lo legalizó entre protestas de la oposición socialista porque la zona es Lugar de Interés Comunitario.

Pese a este antecedente, el Emtre se empeñó en que los desechos se enterraran también en el futuro en Dos Aguas. Un empeño que saldrá caro a los vecinos de Valencia y su área metropolitana. La autorización ambiental integrada para el nuevo vertedero dio al traste con la previsión del Emtre, ya que la consejería, también en manos del PP, rechazó que se usaran terrenos forestales incluidos en el proyecto, una parte de ellos quemados por un incendio, lo que impide su reclasificación. Lejos de buscar alternativas, el organismo presidido por el concejal popular de Valencia Ramón Isidro Sanchis se embarcó en recursos contra la evaluación ambiental de la consejería y un contencioso interpuesto el pasado mayo.

Las limitaciones impuestas por la consejería han obligado a la unión temporal de empresas (UTE) de Agricultores de la Vega y FCC a modificar el proyecto con un sobrecoste de 34,5 millones de euros que se deriva de cambios en la excavación del vaso para los vertidos y el traslado de la tierra sobrante que pretendía acumular en el suelo que no podrá usar. El espacio disponible se ha reducido de tal forma que el basurero estará colmatado en 6,8 años. Además, ante el retraso del nuevo vertedero, se han generado más costes con las tres ampliaciones hechas en el actual, que se sale ya de sus costuras, y a la consejería no le ha quedado otro remedio que permitir su uso hasta el pasado 30 de octubre. Aún así, la Emtre ha tenido que pedir un mes más de plazo.

"La falta de previsión y determinación de la Generalitat y la dirección de la Emtre nos han llevado a esta situación de sobrecoste y a un vertedero que estará colmatado en siete años", denuncia Hermenegildo Estellés, concejal socialista de Godella y representante de la localidad en la entidad metropolitana. "No se están buscando alternativas y la pelea entre las dos Administraciones del PP nos puede llevar a la ruina", critica Estellés, que recuerda que la Generalitat debe unos 19 millones al organismo, a lo que se une otro agujero en las cuentas por la deuda de 2,6 millones de euros de Alboraia, miembro de la entidad. Y a la puerta de la Emtre toca la UTE con la exigencia de revisión de precios de su concesión ante la multiplicación del gasto. La "ineficacia" en la gestión, subraya el PSPV, la acabarán pagando los vecinos en el recibo de la basura. El presidente de la Emtre no ha contestado a las llamadas de este periódico.