Ortuzar justifica su actuación por "el sitio" al tripartito
El ex director del ente sugiere que la inspectora que dictaminó las irregularidades fue premiada con un cargo
El anterior director general de EITB, Andoni Orutzar, hoy presidente del PNV de Vizcaya, compareció finalmente ayer ante la comisión parlamentaria de control del ente. Lo hizo casi medio año después de haber sido requerido para explicar los contratos considerados irregulares por la Inspección de Trabajo: falsos autónomos que trabajaron hasta 14 años para EITB bajo la modalidad de contrato de obra primero y mercantil después. Su conversión en indefinidos no fijos costará al ente público siete millones de euros: cuatro millones en cuotas atrasadas desde 2003 a la Seguridad Social y los otros tres por el aumento de la masa salarial.
Este fue el primero de los efectos negados por Ortuzar en su comparecencia. Habrían costado lo mismo con contratos laborales, sostuvo. El ex director y parlamentario peneuvista dedicó toda su comparecencia a exculpar su actuación, negar que fuese fraudulenta o que facilitase el enchufismo y atribuir toda la polémica al interés político del actual Gobierno y de la presente dirección de EITB, encabezada por Alberto Surio. "Aquí ha cantado la gallina. Esto tiene una motivación política: lanzar el balde del agua sucia a la dirección anterior", apuntó, señalando repetidamente la insignia de la Q de oro lograda por la radiotelevisión pública durante su mandato, que llevaba en la solapa. "Esto me lo dieron a mí; no sale en las tómbolas", insistió.
Ortuzar sostiene que hacer contratos laborales hubiese costado lo mismo
El PNV se queda solo frente a las críticas de todos los demás grupos
Ortuzar llegó a sugerir que la actuación de la Inspección de Trabajo fue espoleada por la dirección de Surio y que la inspectora Iciar González Carrasco, quien dictaminó la irregularidad de los contratos y la obligatoriedad de integrar a los afectados en la plantilla, resultó luego premiada con un cargo por el Gobbierno. Ironizó después que los inspectores encargados del pronunciamiento aún pendiente sobre Euskadi Irratia se estarán "frotando las manos", porque "igual les nombran viceconsejeros".
Ortuzar siguió con la ironía considerando una "casualidad" que "ni los tribunales ni la Inspección de Trabajo" cuestionasen esa modalidad de contratación entre 2003 y 2009 y que la segunda desembarcara en EITB al mes justo de salir el equipo directivo que él dirigió desde 1999 hasta su paso a la ejecutiva del PNV, en 2008. Abundó en ese sentido que la funcionaria que realizó el requerimiento a EITB para que contratara a los trabajadores en las condiciones adecuadas fue premiada con el puesto de delegada de Trabajo en Vizcaya. Fernández Carrasco pasó efectivamente a ese puesto tras la remodelación motivada por la salida del viceconsejero de Trabajo, Carlos Zapatero, elegido en julio pasado presidente de la Vital. La directora de Trabajo ocupó el cargo de este, sustituyéndola la delegada de Vizcaya y la inspectora cuestionada por Ortuzar, a esta última. Empleo replicó ayer que el ascenso de Carrasco se debió a "su gran valía profesional demostrada durante una larga trayectoria".
El ex responsable de EITB justificó la contratación de estos falsos autónomos en las restricciones que en 2003 se impusieron al uso del contrato por obra, bajo el que trabajaban hasta entonces. Y se refirió al "obstruccionismo y el sitio" presupuestario supuestamente practicado por PSE y PP contra el tripartito de Juan José Ibarretxe, la congelación de plantillas y la imposibilidad de convocar oposiciones en el ente o ampliar su contrato programa. El parlamentario peneuvista siguió defendiendo una fórmula atacada por todos los grupos de la comisión, menos su partido, por contribuir a formar una redacción paralela a la plantilla afín al PNV o cautiva por sus inseguras condiciones laborales. Ortuzar se agarró a que ni los sindicatos representados en la radiotelevisión pública -los nacionalistas LAB y ELA- ni el comité de empresa, ni los propios afectados presentaron reclamación alguna. Tampoco, aseveró, la inspección ni el Tribunal de Cuentas.
La afirmación de Ortuzar no es exacta, ya que en 2008 la inspección ya forzó a firmar un contrato laboral a una trabajadora con otro mercantil. EITB perdió el recurso judicial que interpuso. A ese precedente se acogió la Inspección de Trabajo al abrir su investigación en julio de 2009.
Solo el PNV dio su apoyo al ex director general, que afrontó la crítica de todos los demás grupos, desde UPyD hasta Aralar, a los que Ortuzar consiguió hacer coincidir en parte de su argumentación sobre los perjuicios causados a los trabajadores.
El socialista Carlos Gorostiza le acusó de hacer un uso "abusivo" de los contratos mercantiles como "subterfugio para saltarse la legalidad laboral" con personas que trabajaban para EITB y de hacer "trampas para saltarse derechos laborales". "Creyeron que tenían derecho a todo y no emplearon bien los fondos públicos", criticó, tras señalar que actuaciones como esta ponen de manifiesto "el fiasco del PNV como buen gestor, limpio y aseado". Todo, apostilló, para poner al ente "al servicio de una ideología y no de un país".
El popular Carlos Urquijo, menos incisivo que en otras ocasiones, habló también de abuso. Fue el modo de contratar "por el procedimiento digital" eludiendo la concurrencia en condiciones de igualdad de otras personas. "Es un escándalo que un centenar de personas entren por la puerta de atrás", destacó.
"Lo más triste es que los sindicatos ELA y LAB aceptaran el planteamiento" de la dirección, se lamnetó el portavoz de Aralar, Mikel Basabe, quien criticó también las subcontrataciones con sueldos de poco más de mil euros. El parlamentario de Aralar es hermano de Andoni Basabe, presidente del comité de empresa de EITB. Gorka Maneiro, de UPyD, tachó de "chapuza grave, ilegal e inmoral" la actuación de Ortuzar y se extrañó de que se mostrara "orgulloso" de haber perjudicado derechos de trabajadores, como los derivados del modo de cotización a la Seguridad Social.
Plantón de última hora
Los otros tres ex directivos llamados a declarar ayer por la comisión parlamentaria de Control de EITB -Bigen Zupiria, ex responsable de ETB, e Iñigo Camino y Odile Krutzeta, sus homólogos en Radio Euskadi e Euskadi Irratia, respectivamente- la dejaron plantada a última hora. Los tres esperaron a la mañana de ayer, poco antes de la reunión, para hacer llegar su decisión a la socialista Merche Agúndez, presidenta de la comisión, en un comportamiento que no gustó ni a esta ni a los partidos que querían escucharles.
El PSE se conformó de mejor grado, mientras que el PP consideró que la actuación "no es de recibo" y UPyD la calificó como "una falta de respeto mayúscula," sobre todo por haber esperado al último momento.
El llamamiento de la Cámara no gustó desde el principio a los concernidos, que han tratado de esquivarlo y ya lo retrasaron en octubre, tras confirmar algunos su asistencia y aduciendo luego razones de agenda o familiares. El PNV ha citado en contrapartida, entre otros, al secretario general de la Presidencia, José Manuel Salinero, quien fue asesor legal externo de EITB.
Los contratos
- Los contratos cuestionados ascienden a un total de 160, aunque no todos han sido ya objeto de requerimiento por la inspección. Se trata de contratos mercantiles, por los que EITB fichaba a trabajadores como si de una empresa unipersonal se tratara, en condición de autónomos, una fórmula admitida, pero que en este caso se usó claramente para cubrir puestos estructurales.
- Esta condición estructural la prueba la permanencia, de hasta 14 años, de algunos de los afectados en la plantilla del ente audiovisual. Buena parte fueron trabajadores con los que antes de 2003 se utilizaron los contratos de obra, de modo tan inadecuado como luego los mercantiles. Otros fueron empleados luego, hasta alcanzar en el caso de Radio Euskadi al 30% de la plantilla.
- Ortuzar aseguró que todos habían aprobado oposiciones, pero sin lograr plaza, y que nunca realizaron informativos, dos afirmaciones que los demás partidos cuestionan.
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