La salud como concepto integral

La salud de las personas no se limita a una cuestión de médicos, enfermeras y hospitales. En la actual sociedad del bienestar, cualquier medida de la Administración pública repercute directamente en la salud de los ciudadanos: el fomento del transporte público, la prohibición de fumar en locales cerrados, una ley del deporte o la dieta que se sirve en los comedores de escuelas e institutos. Es responsabilidad del Gobierno curar, pero también cuidar, prevenir y proteger. La salud, en su concepto más amplio e integral, ha estado en mente de Marina Geli al frente del departamento siete años consecutivos. El cambio en la denominación de la consejería -Salud sustituyó a Sanidad- no fue casual, obedece a esa percepción de salud pública cuyos resultados carecen de inmediatez -para tormento de algunos políticos-, pero afloran con el tiempo porque la población se siente y está mucho más sana. Por ende, también vive más años, lo que dispara el gasto sanitario y farmacéutico.

El presupuesto de sanidad roza los 10.000 millones de euros anuales

La nueva Ley de Salud Pública, los planes directores de detección precoz del cáncer y de enfermedades mentales, las campañas contra el tabaquismo, el plan de prevención de drogas, el mapa de riesgos laborales, el plan de seguridad alimentaria y el Programa Salud y Escuela responden a esa voluntad de construir día a día el bienestar físico y psíquico de la población. El impacto ha sido evidente: la mortalidad por cáncer se ha reducido el 10%, destacando el de estómago que lo ha hecho el 25,4%; las ventas de tabaco disminuyeron un 20% en 2009, y el número de infartos de miocardio el 5%. Y, por primera vez en 15 años cayó el número de abortos entre adolescentes. Son alguno de los datos fruto de esa política preventiva.

No obstante, el principal reto al que se enfrentó la Administración no arribó de la mano de ninguna plaga, pandemia o epidemia sanitaria. Llegó, como la gripe A, como consecuencia de la globalización y de los desplazamientos poblacionales. El número de tarjetas (el total de personas con derecho a asistencia sanitaria gratuita) era de 6,5 millones en 2002. Siete años más tarde había aumentado en un millón de personas a causa de la emigración, lo que presionó, casi hasta el colapso, los servicios asistenciales. Las consecuencias de esa explosión demográfica todavía resuenan en el sistema, sobre todo en forma de déficit y listas de espera, aunque cada vez menos por los esfuerzos de Salud para incrementar los recursos humanos y las infraestructuras, a veces de forma limitada por las restricciones presupuestarias.

Ese dispendio (las plantillas han aumentado el 17,6% desde 2003) ha ido disparándose hasta la extenuación. Las cifras marean: el presupuesto del departamento se acerca a los 10.000 millones de euros anuales, el gasto por ciudadano es de 1.297 euros (en la banda media de las comunidades autónomas), el número de trabajadores de la red sanitaria es de 111.500 y cada año se cuentan 28 millones de visitas al médico de cabecera. A estos datos hay que sumar las inversiones: 8 nuevos hospitales, 123 nuevos centros de asistencia primaria y ambulatorios, y 12 centros de salud mental.

Sin embargo, Geli ha seguido primando la actividad concertada. Ninguno de los nuevos hospitales es de gestión pública, ya que los ocho del Instituto Catalán de la Salud deben conformarse con constantes e infinitas reformas y ampliaciones, mientras que los de Reus, Mollet, Sant Joan Despí y Sant Pau pueden presumir de flamantes instalaciones. Y ha mantenido las tan criticadas EBA (ambulatorios de gestión privada), que suponían, cuando el PSC estaba en la oposición, una flagrante privatización de la sanidad pública. Pese a ello, la experiencia en autogestión iniciada en algunos CAP en 2009 es aplaudida por los profesionales, pues les otorga un amplio margen de decisión y espolea la actividad del personal.

Pero quizá la gran apuesta de Geli ha sido sentar las bases del debate, incluso a nivel estatal, sobre la sostenibilidad del actual sistema de salud y abrir el melón de un posible e impopular copago que los partidos aparcan en la actual campaña electoral.