"Habría podido pagar las deudas"

Tres años después de ser detenidos en Tortosa (Tarragona), los propietarios de la inmobiliaria donostiarra Urbancasa, Ángel Crespo y su esposa María Victoria Ferrer, declararon ayer en la primera jornada del juicio que se sigue contra ellos por supuesta estafa a 44 clientes. Ambos están acusados de haberse apropiado de más de un millón de euros por ventas de terrenos y viviendas que nunca se cumplieron. La fiscalía pide para cada uno de ellos siete años y nueve meses de prisión.

En agosto de 2005, Ferrer constituyó la sociedad Urbancasa Norte SL, ubicada en la capital guipuzcoana, cuyo objeto era la gestión de inmuebles. Pese a que ella firmó la mayoría de los contratos de la inmobiliaria, el gestor de la misma era Crespo, quien rehusó firmar los documentos por sus deudas con la Seguridad Social, según explicó ayer en el juicio, en lo que parece una forma de cargar con todo el peso de la posible condena.

"Fue temerario. Así ha salido la cosa", sostiene el acusado

Durante tres años, el matrimonio ofertó viviendas, parcelas y locales en Guipúzcoa y en la Ribera de Navarra que jamás llegaron a construirse. Los estafados pagaron cuotas de hasta más de 100.000 euros por promociones urbanísticas inexistentes. Los acusados incluyeron incluso cláusulas en los contratos para impedir a los clientes visitar los terrenos que pretendían comprar. "Fue temerario. Así ha salido la cosa", justificó ayer Crespo en su declaración en la Audiencia guipuzcoana.

El acusado admitió que realizó operaciones con todos los denunciantes y reconoció que debe casi en su totalidad las cantidades que desgranó el fiscal. No obstante, aseguró que no recordaba algunas cifras. "Yo no puedo comunicarme. No sé si usted sabe cómo es la prisión de Martutene", donde ambos acusados permanecen desde su detención, espetó.

El supuesto estafador sostuvo que, de no estar en prisión, "habría podido pagar las deudas" con el dinero que le debían algunos promotores de Francia o Cataluña. Crespo indicó que el detonante de la situación fue una promoción de casetas de campo que pensaba levantar sobre suelo rústico en Ablitas (Navarra) y que "fracasó" después de que el Gobierno navarro considerara que debía hacerse en suelo urbanizable.

El acusado aseguró que cuando fueron detenidos no estaban huyendo, aunque llevaran varios meses con una orden de búsqueda y captura. Crespo indicó al tribunal que en junio de 2007 y, después de que varios clientes acudiesen "enfadados" a la inmobiliaria y les agredieran, fue a Salou a cobrar unas deudas que tenía con promotores. Añadió que viajó sin su esposa, que se encontraba en Alemania cuidando de su madre enferma. El acusado precisó que un día antes de que se produjera su arresto recogió a Ferrer en el aeropuerto de Reus.

Respecto al dinero que aún deben, Crespo aseveró que "se ha invertido", sin aportar ningún documento que así lo acredite. En opinión del supuesto estafador, todo se complicó cuando el caso llegó a los medios de comunicación. "No tenía la intención de engañar", abundó.

Ferrer dijo que no fue idea suya constituir la inmobiliaria y que su participación se limitaba a firmar los documentos. "No entiendo mucho de estos temas", manifestó, al tiempo que se mostró conforme con todo lo declarado por su esposo. "No sabía que estaba haciendo nada malo", concluyó.

Ambos se negaron a contestar a las preguntas de las acusaciones particulares.