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La junta del Palau rechaza pedir la imputación de dos altos cargos de CDC

El presidente interino, Josep Maria Busquets, rompe la unidad con las Administraciones, que exigen que sean investigadas las comisiones al partido

Tras rastrear a fondo los movimientos de Fèlix Millet y levantar todas sus alfombras hasta hallar indicios de financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), la Fundación del Palau de la Música ha dado un salto atrás al desmarcarse de la fiscalía y rehusar que el juez investigue e impute al tesorero del partido, Daniel Osàcar, y al secretario de Inmigración, Àngel Colom. Esta decisión, que fuentes del Palau atribuyeron al presidente interino del Orfeó Josep Maria Busquets y a un círculo cercano a este, supone romper la unidad de actuación entre las entidades que gestionan el Palau y dar oxígeno a CDC a dos semanas de las elecciones. El consorcio, integrado por las Administraciones, sí pidió al juez que abra una pieza separada para los supuestos cobros de CDC por la adjudicación de obra pública a través de la entidad.

La fundación y la asociación del Orfeó entregaron el viernes un escrito al juez en el que respondían a su providencia para que las partes le pidieran nuevas diligencias a la vista de la evolución del caso. Y, al contrario de lo que han hecho la fiscalía y el consorcio, solo reclamaron que se vuelva a citar al ex presidente de la entidad, Fèlix Millet, y a su mano derecha, Jordi Montull. La decisión se tomó, además, pese a que el director general de la entidad, Joan Llinares, sugiriera pedir un aplazamiento al juez al considerar que la decisión la iba a tomar un presidente interino y que, además, no pasaría por el patronato.

Otras fuentes de la junta del Orfeó explicaron que la decisión la tomó el presidente después de haber consultado a "algún miembro" de directiva, en la que hay antiguos dirigentes convergentes. Estas fuentes, que expresaron su "profundo malestar" por el escrito, aseguraron que en el trasfondo están las elecciones catalanas.La investigación a fondo que el actual equipo gestor del Palau de la Música ha realizado sobre las cuentas y movimientos que se realizaron durante la presidencia de Fèlix Millet ha suscitado malestar en una parte de los socios de la entidad, los más afines a Convergència, que han visto cómo el escándalo salpicaba a la formación nacionalista. Sin embargo, fuentes de la entidad aseguran que la actuación imparcial de Mariona Carulla ha recibido el aplauso de otro sector que deseaba que la investigación llegara hasta el final, a pesar de que ello le ha acarreado numerosas llamadas de reproche procedentes, sobre todo, de políticos. Socios históricos que se identifican con este último grupo ayer estallaron y lamentaron que, por primera vez desde que se destapó el saqueo, la fundación decida desmarcarse del ministerio fiscal y de las Administraciones.

El malestar de este sector, agregaron estas fuentes, también se debe a que el presidente interino sabía que tenía la posibilidad de pedir al juez aplazar su respuesta hasta que pasaran las elecciones del próximo 24 de noviembre a la presidencia del Orfeó Català y hubiera una nueva junta. "Busquets no tiene legitimidad para hacerlo. Eso no ha pasado por ningún órgano del Orfeó, lo ha decidido él solo. Y tendrá que responder sobre ello", aseguró otro miembro de la junta, enojado tras enterarse de la noticia.

Este diario intentó ayer sin éxito hablar con Busquets, que fue administrador del Liceo entre 1986 y 1992. En 1995 el Gobierno de Jordi Pujol lo nombró administrador general del Teatre Nacional, donde permaneció hasta que el tripartito lo sustituyó por Joan Francesc Marco. La decisión de la fundación, aun así, no impide que el juez instructor decida abrir una causa separada e imputar a Osácar y Colom, puesto que la fiscalía y el consorcio así lo han pedido.

Los representantes del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Cultura pidieron para el próximo lunes una reunión del patronato de la fundación, donde están representados, para abordar esa decisión. Las Administraciones, que forman el consorcio del Palau, sí decidieron pedir al juez que abra una causa separada y cite como imputados a Daniel Osácar y Àngel Colom, quien confesó haber cobrado 75.126,51 euros de Fèlix Millet para sufragar las deudas del extinto Partit per la Independència disfrazando esa cantidad con un convenio para actividades divulgativas.

Según fuentes de esta entidad, el consorcio considera en su escrito al juez que el fraude que cometieron los antiguos directivos de la entidad está prácticamente instruido, por lo que el juez ya podría fijar una fecha para el juicio. Es más, estas fuentes razonaron que sería bueno que se acelerara el procedimiento ante el riesgo de que las entidades financieras puedan embargar alguno de los bienes que Millet puso a disposición del juez para restituir el patrimonio del Palau. Muchas de estas propiedades están embargadas, por lo que la falta de pago de una sola cuota podrían suponer su ejecución.

En cambio, razonaron estas fuentes, hay una segunda pata del caso muy compleja que apunta a una supuesta financiación irregular de CDC y que merece una instrucción separada. Esa parte de la causa consta de documentos y datos hallados en el Palau de la Música y cuenta con sendas investigaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña y la Agencia Tributaria, que apreciaron indicios de que el dinero procedente de la constructora Ferrovial en concepto de patrocinios -más de 11 millones de euros en 10 años- podría tratarse, en realidad, de comisiones por la concesión de grandes obras públicas, como la Ciudad Judicial y la línea 9.

La acusación particular ejercida por el consorcio, que canaliza las subvenciones públicas que se dan a la entidad, también pide la investigación de las empresas de mercadotecnia electoral -New Letter, Letter Graphic, Hispart y Altraforma, vinculada al senador Jordi Vilajoana- porque facturaron dos millones de euros sin que conste que hayan realizado ningún trabajo en el Palau.

De la misma forma que lo ha hecho el ministerio público, la acusación particular también plantea que los tres principales imputados -Fèlix Millet y Jordi y Gemma Montull- vuelvan a ser citados para responder sobre el expolio y las posibles comisiones que desviaron a través de la entidad. El consorcio basa su petición en el informe de los peritos de la Agencia Tributaria, que concluyeron que Millet y CDC se repartieron comisiones del 4% que supuestamente pagaba Ferrovial a cambio de obras públicas durante los gobiernos de Jordi Pujol.

El Orfeó está gobernado por una junta interina a causa del periodo electoral que se ha abierto. Este órgano está presidido por Busquets y en la junta están Pau Duran, ex tesorero de Millet, y Josep Maria Caminal, ex director del Liceu y ex secretario de Organización de CDC.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de noviembre de 2010