La lujuria de los fichajes
A las franquicias de la NBA, las empresas que ponen en marcha el circo del baloncesto estratosférico estadounidense, no les llega la camisa al cuerpo ni la pelota a la canasta. Organizados como son, calvinistas o puritanos protestantes al fin y al cabo, han observado que en la última temporada liguera perdieron casi 400 millones de dólares y que esta temporada pueden perder más de 350 millones. Así que han propuesto al sindicato de estrellas del básquet, una reducción de los costes salariales de 750 millones de dólares. Puesto que el coste total de los sueldos es de 2.100 millones, se entiende el esfuerzo que los empresarios del deporte baloncestístico les piden a sus jugados: un recorte de sus ingresos de más del 35%. El comisionado de la NBA lo ha explicado con cegadora claridad, para que lo puedan entender hasta los gestores de la CEOE: "Queremos tener un negocio provechoso, un retorno de la inversión".
Es un discurso que resulta ininteligible en la España futbolística. El análisis de la rentabilidad y de las inversiones es un vasto erial para los gestores deportivos.
Los grandes clubs como FC Barcelona o Real Madrid, son propiedad de sus socios, pero se entregan en manos de castas de directivos que practican con fruición la lujuria de los fichajes y se olvidan de explicar cuál ha sido el beneficio de los dineros gastados; y los que no son Barcelona o Madrid, en manos privadas, siguen (a su escala) el mal ejemplo. En el fútbol español, la gestión no tiene premio ni castigo; es un limbo jurídico y político. Un
plan de austeridad salarial puede y debe aplicarse en España. Una deuda conjunta de 5.000 millones de euros, la dependencia de los pagos de las televisiones (el 40% de los ingresos) y las deudas de los clubs con Hacienda permiten sospechar con causa que el fútbol vive una burbuja a punto de estallar.
Cuando se propone una política anticrisis (topes salariales, deuda limitada), los ideólogos responden con un argumento disléxico: "La limitación salarial no reduciría la desigualdad deportiva". No se trata de igualdad, sino de salud cívica; de evitar recalificaciones de terrenos para pagar deudas y que las autonomías no paguen bajo cuerda, a costa de los contribuyentes, la salvación de sus equipos.
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