El PP pierde los papeles

El dirigente socialista Jorge Alarte, contrito él, ha declarado que "fue un gravísimo error" haber llevado a cabo en septiembre del año pasado la moción de censura que desalojó a los populares del gobierno municipal de Benidorm merced al voto de un tránsfuga de ese partido. En efecto, nunca debió producirse ese ni ninguno de los numerosos casos de transfuguismo que enlodan la política porque defraudan la voluntad de los electores y son, en suma, una villanía que propicia la venalidad de los ediles y el mercadeo del poder. Pero proclamada la condena, nos parece oportuno matizar este trance.

Por lo pronto, puede considerarse una cuenta más en el rosario de mociones de censura que se han interpuesto y de las que el PP se ha beneficiado en Calp, Dénia, La Vall de Laguar, La Vila Joiosa, El Puig y Salem, lo que deslegitima la protesta de los conservadores que, por cierto y como se recordará, también se auparon en 1991 a la alcaldía benidormí gracias al apoyo de la socialista felona Maruja Sánchez, tan espléndidamente cebada después con prebendas y dineros públicos. Pero no son estos lamentables sucesos el principal atenuante del referido error. Mucho más determinante resulta a nuestro juicio la extrema depredación en que ha venido a parar la política valenciana bajo la hegemonía del presidente Francisco Camps y su cohorte. De tal modo es así que erradicarlos de allí donde gobiernan se ha convertido en un imperativo cívico, prioritario y poco menos que de legítima defensa.

No nos demoraremos aduciendo los episodios de corrupción que jalonan estas dos últimas legislaturas, a los que deberán sumarse los escándalos emergentes en torno a Emarsa, la empresa gestora de la depuradora de Pinedo, así como las más que aparentes e indignantes irregularidades cometidas en los proyectos de cooperación con Nicaragua (¡que siempre hayan de pagarlo los más desgraciados!) con la sospechosa trama de fundaciones que orbita la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Dos trapacerías más que reclaman la diligente (es un decir) intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

No ha de extrañar que la difusión mediática de estos sucesos y los procesos judiciales que le afectan, junto a la creciente y fundamentada contundencia de las críticas, altere los nervios del partido gobernante, que cada día se revela más exasperado. Esta misma semana ha dado pruebas de ello en las Cortes. En la comisión de Educación, donde el diputado del PP Ricardo Montesinos, con el amparo de quien presidía la sesión, su indotada cofrade Esther Franco, se comportó como un gamberro, mientras informaba la diputada de Compromís Mònica Oltra. Casi en sintonía con este hecho, los miembros de la oposición parlamentaria han formulado una protesta por escrito contra el atrabiliario y reiterado proceder de la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, cuya pregonada estulticia dejará huella en la historia parlamentaria valenciana.

No son estos, ni mucho menos, los únicos indicios de que el clima político se viene deteriorando y lo previsible es que se agudice a medida que se aproxime la cita electoral, se acentúe el descrédito de este Consell, ayuno de recursos económicos y proyectos -¿o acaso lo es la instalación de un parque temático de Ferrari?- y la oposición persista en su implacable fiscalización. A la postre, los infortunios del PP no son más que el bumerán de su arrogante política del todo vale que ha venido ejerciendo sin recato.