El Parlamento da tres meses a Sanidad para actuar contra las listas de espera
Los socialistas apoyan la propuesta, aunque consideran infundada la polémica
La polémica sobre las listas de espera de Osakidetza no ha dejado de crecer desde que el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, asegurase en agosto en una entrevista con EL PAÍS que no eran una prioridad para el departamento, y el PNV las convirtiese en las últimas semanas en uno de los pilares de su oposición al Gobierno. Consciente de la importancia del asunto para los ciudadanos, ningún partido, incluido el PSE, quiso ayer quedarse fuera de la foto y el Parlamento aprobó por unanimidad instar a Sanidad a presentar en tres meses un plan con medidas para reducir las listas de espera, especialmente en los casos más graves. La enmienda transaccional pactada por los grupos a las iniciativas presentadas por PP y EA incluye una mención expresa a la necesidad de priorizar los recursos públicos frente a las derivaciones hacia entidades privadas, recurrentes con el anterior Gobierno para enfrentar el problema.
La sombra del 'caso Margüello' sobrevoló todo el debate
El PNV acusa al Gobierno de una "manipulación descarada" de datos
Bengoa, cuyo departamento trabaja con la mira puesta en el largo plazo con su plan para crónicos, ya había anunciado actuaciones en el mismo sentido, pero el mandato parlamentario incrementará la presión sobre su consejería en esta cuestión.
Pese a apoyar la iniciativa, el PSE considera que "no hay inquietud en la ciudadanía" en este ámbito. La falta de un listado unificado de los tiempos de espera en Euskadi, algo que según recordó la popular Laura Garrido ya existe en otras comunidades autónomas, impide tener una visión de conjunto a la hora de tomar decisiones. También propicia que los datos den pie a todo tipo de interpretaciones.
La unanimidad no impidió que socialistas y peneuvistas se enzarzaran en un acalorado debate con las cifras de las listas de espera como arma arrojadiza. El PNV criticó el "aumento alarmante" de las listas de espera de Osakidetza, para lo cual su parlamentario Juan Antonio Arieta-Araunabeña echó mano de los datos de la propia web de Osakidetza. La socialista Blanca Roncal le replicó que las cifras de octubre pasado revelan que no solo no han aumentado, sino que han mejorado, aunque poco. Roncal reconoció aumentos en las listas de algunos hospitales, como el de Txagorritxu.
El parlamentario peneuvista no dudó en acusar al Gobierno de realizar una "descarada manipulación" de los datos para cocnluir que no hay alarma.
La sombra del caso Margüello, las supuestas irregularidades en concesiones sanitarias bajo el anterior Gobierno, sobrevoló en todo momento el debate, con el PNV intentando forzar a la parlamentaria del PSE a admitir que el actual Ejecutivo también deriva pacientes hacia la concertada. "¿Este Gobierno no contrata con centros privados? Sí, pero de modo complementario, no prioritario y exclusivo", respondió Roncal. Y no desaprovechó la ocasión para tildar de "penosas" las decisiones del anterior consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, para abordar las listas de espera recurriendo al procedimiento de urgencia. "Fueron decisiones muy costosas para el erario público y de un modo presuntamente irregular", investigado ahora por una comisión parlamentaria, recalcó.
Roncal también contrapuso la política de "privatización" anterior con la "potenciación de los servicios públicos" del actual departamento. Dani Maeztu, de Aralar, apuntó en el mismo sentido, asegurando que "con frecuencia se han utilizado las listas de espera para desviar dinero público a la sanidad privada".
La iniciativa parlamentaria también pide a Sanidad un análisis permanente de la evolución de las listas de espera en cirugía, pruebas complementarias y consultas especializadas, identificando las causas de las demoras y los ámbitos más afectados.
Ya en la legislatura pasada, una iniciativa del PP dio pie a que el departamento presentara un plan de reducción al respecto.
El Guggenheim y las elecciones
El PNV quiso tender ayer en la Cámara una trampa dialéctica a los socialistas a raíz de la polémica en torno al Guggenheim. El PSE logró esquivarla apoyando un texto alternativo del PP. La peneuvista Leyre Corrales presentó una moción que pedía que la Cámara instase al Gobierno a mostrar su apoyo incondicional al museo, después de que su partido lanzase duras críticas contra el discurso del viceconsejero de Cultura Antonio Rivera en una reunión de expertos en Brasil.
"Sus valoraciones han distorsionado la imagen positiva que el museo tiene en Euskadi", recalcó Corrales. La socialista Pilar Pérez Fuentes acusó al PNV de alimentar el enfrentamiento permanente entre la Diputación de Vizcaya y el Gobierno a raíz del proyecto de nuevo museo en Urdaibai, al que el Ejecutivo se opone. "La experiencia del Guggenheim ha sido extraordinariamente positiva. ¿Qué les molesta? ¿Que el viceconsejero explique con matices y rigor los aspectos positivo y negativos del proyecto?" replicó. "A veces pienso que el PNV piensa que el Guggenheim es suyo", añadió, atribuyendo la iniciativa a la "lógica electoral".
El PSE apoyó la enmienda a la totalidad presentada por el popular Carmelo Barrio, que además de instar al Gobierno a mantener su apoyo al museo, emplaza a todas las instituciones a preparar con un espíritu de colaboración la renegociación del acuerdo con la Fundación Guggenheim.
Los toros ganan el debate
La iniciativa planteada por EB siguiendo la senda abierta por la prohibición de las corridas de toros en Cataluña cayó ayer en saco roto. El Parlamento rechazó ampliar el ámbito de aplicación de la ley de Protección de Animales a la lidia como proponía la formación de izquierdas, que solo contó con el apoyo de EA y Aralar. El texto pedía también suprimir las subvenciones al sector. Socialistas, PP y UPyD votaron en contra y el PNV se abstuvo. "Si malo es que haya corridas de toros, peor es que haya fondos públicos que las sufragan", argumentó Mikel Arana, de EB.
El debate se caracterizó por el mantenimiento de la disciplina de voto en los grupos, en oposición a lo ocurrido en Cataluña. También fueron rechazadas las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y el PNV. Los populares proponían que se garantizase "la igualdad de los españoles" en el ejercicio de su "derecho al acceso a la fiesta de los toros, como parte del patrimonio cultural y en todo el territorio nacional", y que cualquier modificación en este ámbito tuviera que hacerse en las Cortes. Carlos Urquijo defendió esta postura con una pintoresca corbata con toros.
Sin querer centrar el debate en la lidia, el PNV planteó al Gobierno que modernizara la ley de Protección de Animales y abordase, además de otras cuestiones, las "diferentes modalidades de espectáculos, festejos y tradiciones populares en que intervienen animales".
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