La censura perdura 200 años después

Algunos gobiernos ejercen de controladores de la labor editorial de los medios. Es la principal denuncia que han hecho los miembros de la Asociación Internacional de Radiodifusión, un colectivo nacido hace 64 años que agrupa a 17.000 emisoras de radio y televisión de una veintena de países de América, Europa y Asia. Su asamblea general termina hoy en San Fernando (Cádiz), justo en el día en que se cumplen 200 años desde que se decretara en esta ciudad la libertad de imprenta. Un bicentenario que se celebra con la entrega de un premio para el flamante Nobel de Literatura, el escritor Mario Vargas Llosa.

El 10 de noviembre de 1810 quedó aprobado el noveno decreto, el que contemplaba el fin de la censura previa, el fin de los tribunales de imprenta y el nacimiento de la opinión pública como poder. San Fernando, dos siglos después, acoge a representantes de medios que sienten que todavía esa libertad no está conseguida del todo, sobre todo en América. "Hay caminos por recorrer", admite el presidente de la asociación, Luis Pardo. La declaración de Cádiz, el documento que recoge las conclusiones de la asamblea general, reúne las principales denuncias de estas empresas de comunicación. "Observamos con preocupación la tendencia de legislaciones y reglamentaciones promovidas por algunos gobiernos que terminan siendo mecanismos destinados a controlar la labor editorial y la independencia", reza una de las conclusiones. Se ponen ejemplos. La resolución de Venezuela alerta del "deterioro de la democracia" en este país. El Gobierno ha cerrado 32 emisoras de radio y una estación de televisión.

El documento firmado tras la asamblea condena las agresiones sufridas por periodistas y medios en una clara alusión a los recientes sucesos en Marruecos: "Rechazamos la censura y toda forma de limitar la labor informativa invocando razones de interés nacional". Hay también menciones al caso de Argentina: "Hay una permanente hostilidad del gobierno en contra de los medios privados". También se mencionan recortes a la libertad informativa en Brasil.

Sobre el caso español, hay un llamamiento explícito del colectivo profesional a luchar contra las más de 2.000 emisoras ilegales que existen. "Es un importante perjuicio para las emisoras legales, al provocar interferencias perjudiciales y la competencia desleal por los recursos publicitarios". También hay una llamada de atención a las comunidades autónomas para que convoquen los concursos de licencias de las nuevas emisoras de frecuencia modulada, 866, según el plan técnico que recogía la ley de Comunicación Audiovisual de Andalucía.

En plena efervescencia de cambios tecnológicos, las emisoras reunidas en Cádiz han abogado por un mismo sistema de digitalización que permita a los receptores una mayor calidad de la comunicación. Piden que no haya presiones. "La transición digital debe ser paulatina". Así se garantizará la supervivencia de los medios audiovisuales.