Sanidad pública: opaca y desigual

¿Por qué un médico andaluz recibe a 45 pacientes al día y uno navarro a 29? ¿Por qué en Baleares escasean los neurofisiólogos que, en cambio, abundan en Castilla y León? Esas mismas preguntas se las hace el Consejo Económico y Social (CES). Este organismo consultivo traza en un informe de 157 páginas la radiografía del sistema nacional de salud. Un panorama que describe como "bien valorado" pero "necesitado de reformas". Lleno de desigualdades y carencias. Además, critica la labor del Ministerio de Sanidad. Su trabajo de coordinación para garantizar que no haya desigualdades entre comunidades autónomas, afirma, no ha sido satisfactorio.

Tampoco la pretensión de lograr que el sistema sea universal. Aún queda un porcentaje de españoles sin acceso a servicios sanitarios -desde parados sin prestación por desempleo a personas que nunca han trabajado-. Un problema que urgen a solucionar.

El CES, que ha estudiado los datos existentes del sistema nacional de salud y ha escuchado las comparecencias de políticos como el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, y de varios expertos, se muestra alarmado por "la opacidad" informativa en temas como las listas de espera -los datos por comunidades no son públicos por acuerdo de las administraciones- o las funciones de organismos como el Consejo Interterritorial de Salud, que agrupa a todos los consejeros de Sanidad.

Su informe, elaborado a iniciativa propia y que entregará a la ministra de Sanidad los próximos días, aborda la financiación y la conveniencia de que se garantice el destino final del presupuesto destinado a Sanidad, algo que actualmente no se hace.

- Prestaciones. En Andalucía, la fisioterapia (tanto en el centro de atención primaria como a domicilio) está incluida en la cartera básica de servicios sanitarios. En comunidades como Aragón y Extremadura, no. Esta última, sin embargo, sí tiene en ese listado básico la atención dental a las embarazadas. Ejemplos como estos muy criticados por el CES, que sostiene que es necesario definir de forma clara una cartera común de servicios básicos para todo el país.

Las diferencias, además, no se dan solo en las prestaciones. Hay importantes variaciones, dicen, en la práctica médica, en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y en el uso de las nuevas tecnologías. Los médicos no tienen el mismo acceso a derivar a una mujer a hacerse una mamografía, por ejemplo. Diferencias que se producen, incluso entre distintas áreas de salud de la misma comunidad.

Para acabar con estas inequidades, el CES propone crear un protocolo de atención sanitaria a través de guías clínicas comunes a todo el país. Y, sobre todo, que el Ministerio de Sanidad reactive el funcionamiento de la Alta Inspección para garantizar que los ciudadanos tienen igual acceso a la sanidad en todos los puntos de España. "El Gobierno cree que al haberse transferido las competencias, la sanidad ya no están en su agenda. Y esto no es así. No se puede desentender", afirma José Manuel Freire, experto de la Escuela Nacional de Sanidad.

- Atención Primaria. El médico de familia es el primero que atiende al paciente. El que debe diagnosticarle y derivarle al especialista. Un buen servicio de Primaria es una de las bases de un sistema sanitario. Fue objeto de una amplia modernización en los años ochenta para modernizarlo. Ahora su desarrollo se ha estancado. Según el CES, necesita una mejora urgente de los servicios médicos (su flexibilidad y autonomía local de gestión), y desarrollar la enfermería comunitaria.

Diferencias que se traducen en que algunas consultas de Primaria están saturadas frente a otras en las que el profesional puede dedicar más tiempo al paciente. En Extremadura, un médico de familia recibe a 49 pacientes al día. En Cantabria a 25. Una diferencia que, destaca el CES, no solo influye en la atención al enfermo. También influye sobre la movilidad de los médicos entre regiones. "El mayor número de visitas diarias al médico no parece relacionado con el número de población a atender", según el CES.

- Farmacia. En comunidades como Andalucía o Cataluña la implantación de la receta electrónica avanza. En otras, como Madrid, su implantación es más lenta. Este avance es otro de los elementos que contribuyen a trazar el mapa de las desigualdades. Pero el CES alerta de que este capítulo se puede recortar -aunque ya ha sufrido el tijeretazo del Gobierno-. "Se echa de menos un mayor impulso a la extensión de medidas de uso racional de medicamentos dirigidos a los usuarios, considerando sus distintos perfiles de consumo por edades, patologías, cronicidad, pensionistas...", señala el texto. El gasto en farmacia se lleva el 21% del presupuesto destinado a sanidad al año. "No se está haciendo todo lo que se debería", señala Freire, "debería haber una actitud más proactiva de la Administración para promover el uso de genéricos".

- Información. Uno de los principales problemas de la sanidad pública española es la "opacidad informativa" que le rodea. La Administración no hace públicos qué centros funcionan mejor o peor, qué prestaciones les ofrece su comunidad. Ni conocen el tiempo que deben esperar para acceder a los distintos servicios sanitarios por comunidades. Las listas de espera por regiones son secretas (solo se difunden las encuestas sobre cuánto deben esperar que contestan los ciudadanos. Algo intolerable para Freire, que propone la creación de un sistema de información que no dependa del Gobierno, y que dé datos de manera neutral. "Suecia o Canadá ya emplean este sistema. Sin información no se garantiza la transparencia ni la equidad", añade.

- Financiación. El gasto sanitario no para de crecer. Las previsiones de futuro revelan que probablemente siga aumentando debido al envejecimiento de la población, la cronificación de las enfermedades y los nuevos tratamientos. El sistema nacional de salud necesita replantearse su método de ahorro, dice el CES, que sostiene que uno de los puntos fundamentales es promover la prevención de enfermedades, ya que muchas son evitables con políticas de salud pública.

Este organismo afirma que es necesario que se garantice el destino final del presupuesto destinado a Sanidad. Actualmente es cada comunidad la que decide a qué dedica verdaderamente ese dinero que, en un principio, iba destinado a la salud.