_
_
_
_
_

Gallardón incumple el plazo para dar explicaciones a la oposición

La información llega hasta 11 meses tarde y varias peticiones ni se contestan

María Martín

Casi seis meses de espera para saber el número de radares de velocidad que hay instalados en la M-30, el doble para conocer los niveles de calidad del aire de sus túneles o dos años para seguir sin información acerca de qué ex integrantes de la Corporación municipal continúan con escoltas a cargo de las arcas municipales. La oposición, IU y PSOE, se enfrenta diariamente al retraso con el que el Gobierno responde a sus peticiones de información. El plazo legal es de cinco días. Se incumple sistemáticamente.

Los concejales de la oposición tienen derecho a obtener del gobierno municipal los datos e informaciones que necesiten para controlar la gestión del ejecutivo local. Así lo establece el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento, el mismo que marca un límite de cinco días naturales para responder desde que se recibe la solicitud de información. La oposición reconoce que podría ser un plazo demasiado breve, pero coinciden en que el retraso es generalizado y que la falta de respuesta en varios casos en los que la información es delicada demuestra la intención del equipo de gobierno de evitar el control. No faltan los ejemplos.

Las concejalías de Medio Ambiente y Seguridad acumulan los mayores retrasos

El 22 de mayo de 2009 el concejal socialista Óscar Iglesias remitió un escrito para conocer las causas que tres días antes habían inhabilitado los semáforos de las principales calles de la capital con las consecuentes retenciones y desbordamiento de los agentes de movilidad. No obtuvo respuesta hasta marzo de este año. Menos suerte tuvo cuando en febrero del año pasado preguntó formalmente por las sanciones impuestas a miembros de la Policía Municipal "por desarrollar actividades distintas al ejercicio de su profesión". Aún no le han contestado.

La misma parsimonia sufren los concejales de IU que en 2009 sumaban un tiempo medio de respuesta de 48 días. Este año los plazos se han agilizado hasta los 27 días, 37 si se cuentan las más de 30 peticiones que siguen sin respuesta. Los mayores retrasos los acaparan las áreas de Medio Ambiente y de Seguridad y Movilidad.

La concejal Raquel López aguardó 11 meses para que el departamento de Medio Ambiente que dirige Ana Botella le informase de la calidad del aire de los túneles de la M-30; de las talas y el plan contra incendios en la Casa de Campo; y de la distribución de los agentes que protegen los parques. López acumula una abultada lista de retrasos.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Los presupuestos de limpieza por distritos desde 2007 a 2009 le llegaron con siete meses de retraso, los datos de consumo de agua tardaron cinco meses, y ya hace cuatro que espera a que le envíen el informe de impacto ambiental y epidemiológico del vertedero de Valdemingómez. Está acostumbrada porque para conocer la información más simple -como las zonas de la ciudad saturadas por ruido- espera, por norma general, un mes.

El concejal de IU Ángel Lara también se ha acostumbrado a esperar sentado. El año pasado, aguardó tres meses para conocer los detalles de la agresión a un menor por parte de la Policía Municipal o para saber el número de expedientes abiertos por Asuntos Internos.

El edil, que acostumbra a reiterar sus solicitudes ante el aparente silencio administrativo -lo ha hecho hasta 13 veces en los últimos dos años-, sigue sin saber la plantilla real de la Policía Municipal; ni el número de horas dedicadas por los agentes al control de infracciones relacionadas con la drogodependencia o el alcohol; ni las denuncias interpuestas ante la Comunidad de Madrid; ni tampoco el resultado de un informe sobre el estado de las escalas de bomberos, que coincide con uno de los motivos por los que el cuerpo lleva meses en pie de guerra contra el Ayuntamiento al que exige la renovación del material de trabajo.

El portavoz socialista, David Lucas, asegura que el "incumplimiento sistemático" de los plazos obstaculiza la labor de la oposición. "Cuando conocemos los datos, los temas han perdido actualidad, repercusión social y mediática y, en muchos casos, la denuncia pierde la fuerza que debería tener. Otras veces la contestación se retrasa hasta que el problema que se quiere conocer ya se ha resuelto", critica Lucas.

El candidato a la alcaldía por IU, Ángel Pérez, sostiene que "lo verdaderamente preocupante es que hay veces que la información que se pide es muy relevante y los plazos se alargan o no llegan nunca. La esencia de la democracia es que haya un gobierno que lo elige la mayoría, pero también que haya una oposición que lo controle. Y este gobierno pone los medios para evitar el control. Sin información es imposible ejercerlo".

El gobierno, por su parte, guarda silencio. Un portavoz municipal, preguntado por las causas de los habituales retrasos, prefirió no dar ninguna explicación.

Fórmulas para hacerse el sueco

Para enterarse de una actuación concreta de la Policía Municipal hay que reunir varias cualidades. Es indispensable ser un buen redactor, demostrar la precisión del matemático y no dudar a la hora de enviar un mapa. Cualquier resquicio que deje el interesado en su petición puede ser el pretexto del gobierno para no contestar.

Hace dos años el concejal socialista Óscar Iglesias se interesó por las inspecciones y el número de sanciones que se habían impuesto a la popular macrodiscoteca Kapital y a la sala New Garamond. La respuesta a su solicitud fue clara: "No es posible la obtención de los datos solicitados porque se desconocen los emplazamientos de los citados locales".

En febrero del año pasado Iglesias pidió el "detalle de todas las actuaciones realizadas por la Policía Municipal en la avenida de Brasil en los últimos tres años". Mal planteado. Dos semanas después se le pidió que concretase el tipo de actuación si quería la información. A los tres días el concejal insistió con el mismo planteamiento a la totalidad. No se lo aceptaron. Volvieron a requerirle que especificase si estaba interesado en actuaciones en materia de seguridad vial o ciudadana y que, en su caso, detallase la localización. Iglesias no se dio por vencido y reiteró su petición expresando su "estupor por las contestaciones" recibidas. En ese escrito se permitió además adjuntar la definición de "todas" para redundar en la intención de su solicitud.

La última nota que recibió acerca de este asunto le advertía de que no podía "formular peticiones de información genéricas". El concejal, cuatro meses después de su primera carta, cedió y especificó que quería datos sobre detenciones, botellón, contaminación acústica, número de efectivos policiales y quejas ciudadanas en la zona. Nunca le respondieron. De eso hace ya un año y medio.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

María Martín
Periodista especializada en la cobertura del fenómeno migratorio en España. Empezó su carrera en EL PAÍS como reportera de información local, pasó por El Mundo y se marchó a Brasil. Allí trabajó en la Folha de S. Paulo, fue parte del equipo fundador de la edición en portugués de EL PAÍS y fue corresponsal desde Río de Janeiro.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_