Ordenando apellidos

¿De verdad que el Ministerio de Justicia del Gobierno de España no tiene nada más apremiante en qué ocupar a su departamento que el orden de los apellidos de los recién nacidos? ¿De verdad cree que esa preocupación se encuentra entre las prioritarias de los españoles? ¿Ha pensado, quizá, en lo complicado que resulta echar a un inquilino moroso; en las siempre crecientes cortapisas burocráticas para crear jurídicamente una sociedad; en la inseguridad jurídica que sufrimos por el excesivo afán regulatorio permanentemente cambiante; en la dispersión normativa en tantísimos ámbitos jurídicos; en la deficiente calidad de nuestras normas cuya redacción es, muy a menudo, sencillamente incomprensible; en el retraso sistemático del pago de abogados de oficio? ¿Ha pensado, tal vez, el señor ministro, por supuesto, y por encima de todo, en el enquistado retraso del Tribunal Supremo; en la escasez de Tribunales mercantiles y de jueces en general; en la acumulación, año tras año, de asuntos sin solución; en la extraordinaria lentitud de los procesos que hace que la justicia ya no sea justa? ¿Necesita el señor ministro algo más? ¿De verdad quiere abrir la discusión sobre si el orden de los apellidos fomenta o no la igualdad, elimina o no la discriminación de género (sic) o si atenta o no contra la familia? Debe de ser que no me entero: la oposición, los periódicos y las charlas de café (y hasta esta carta) parecen estar dando carta de naturaleza a tan urgente necesidad.