Una sentencia amenaza la rebaja salarial en 23 entes de la Xunta

El Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de darle un severo disgusto a las exiguas arcas de la Administración autonómica. Pese al rechazo oficial de la Xunta al decreto ley del Gobierno por el que se bajó un 5% el sueldo de los funcionarios, acatado a regañadientes, el Ejecutivo de Feijóo ha ido más lejos que el de Zapatero en su aplicación, al extenderlo a todas las fundaciones, entes de derecho público, consorcios y sociedades mercantiles que dependen de la Xunta. La amenaza judicial se extiende al menos sobre estas últimas, después de que el tribunal gallego emitiera la primera sentencia de la larga serie de demandas sindicales en trámite contra la reducción de salarios. El fallo, que afecta a la Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia (Sodeco), anula el recorte con efectos desde 1 de junio de 2010. Los sindicatos esperan frenar así la reducción salarial en los entes autonómicos.

El tribunal rechaza "con contundencia" las alegaciones de Facenda

El PSdeG acusa a la consellería de "extralimitarse" al aplicar el decreto

La sentencia, del pasado jueves, declara "nula de pleno derecho" la decisión de Sodeco de reducir un 5% las cuantías de todos los conceptos retributivos que integran la nómina. Los 105 trabajadores de la entidad, que depende de la Consellería de Medio Rural, "tienen derecho a ser repuestos en las condiciones retributivas que venían disfrutando con anterioridad a la decisión empresarial", añade la sala de lo social del TSXG.

Los fundamentos de derecho de la sentencia adelantan la doctrina que seguirá el tribunal respecto a las rebajas salariales de las más de 20 sociedades mercantiles que dependen de la Xunta, con independencia de lo que pueda ocurrir con el resto de entidades de la denominada Administración paralela. Los magistrados basan el fallo en una excepción contemplada en el decreto del Gobierno, que establece que la rebaja "no será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles" públicas, "salvo que por negociación colectiva" las partes decidan lo contrario. De entrada, la sentencia afectaría a 21 sociedades mercantiles y a las dos que forman parte de la Compañía de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG), que son Radiotelevisión de Galicia, S. A., y Televisión de Galicia, S. A.

La normativa autonómica que sirvió para efectuar el descuento a los funcionarios gallegos reconoce que éste no debería extenderse al personal de las sociedades mercantiles. Sin embargo, la Consellería de Facenda decidió imponerlo igualmente, con el objetivo de introducir un criterio de "homogeneidad" a las reducciones retributivas del conjunto del sector público de la comunidad autónoma. En sus alegaciones durante la instrucción de la causa, la Xunta argumentó además que consideraba cumplido el requisito de negociación colectiva, por la apertura de un período de consultas al que expresamente denomina "negociación".

La sentencia precisa que las conversaciones mantenidas con los representantes de los trabajadores no puede en ningún caso considerarse negociación colectiva, que tiene "un significado mucho más hondo que el de un periodo de consultas".

"La cuestión", expone la sala de lo social, consiste en aclarar "si a través de un proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo, puede practicarse una reducción salarial a todos los trabajadores de Sodeco". "Y a ese interrogante debemos responder contundentemente que no", se responde, para añadir a continuación: "Los términos y expresiones gramaticales de la norma

[en referencia al decreto ley del Gobierno] son absolutamente diáfanos, debiendo atenernos a una interpretación literal, sin necesidad de acudir a ninguna otra regla de interpretación como postula la sociedad demandada".

Facenda eludió ayer comentar la sentencia, aunque sí defendió el recorte por "coherente y justo". La medida, explicaron fuentes de la consellería que dirige Marta Fernández Currás, que recurrirá el fallo, pretende que el personal de una empresa con convenios de este tipo "no cobre más que los funcionarios". El sindicato CIG, uno de los promotores del conflicto colectivo que originó la sentencia, considera que ésta tendrá consecuencias importantes no sólo en la Administración autonómica, sino también en la del Estado y la local, ya que no sólo la Xunta aplicó los recortes en las condiciones denunciadas por el TSXG. La CIG recordó que Facenda remitió una circular a los directivos de todos los entes de la Xunta para instarles a aplicar el recorte "con o sin acuerdo" con los trabajadores.