El PSPV acusa al PP oriolano de dar la basura a Fenoll a cambio de votos

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Orihuela se reafirmó ayer en su tesis de que el equipo de gobierno, en manos del PP con mayoría absoluta, adjudicó la contrata de la basura de manera irregular para compensar el apoyo electoral que supuestamente le prestó el industrial Ángel Fenoll. Este empresario está considerado por la investigación como el cabecilla del caso Brugal. Los informes policiales del sumario concluyen que dos de las firmas que integran la UTE ganadora del concurso son empresas tapaderas tras las que se oculta Fenoll.

Sobre la base de esas ilegalidades recogidas en las diligencias judiciales, el Grupo Socialista pidió ayer la celebración de un pleno extraordinario para revocar la adjudicación de la contrata. El contrato, valorado en 190 millones por 20 años, fue adjudicado por el pleno en octubre de 2008. "Se le dio [el contrato] de forma irregular al empresario que les avaló para estar sentados donde están", aseguró la portavoz socialista, Antonia Moreno en alusión al empresario Fenoll. En su propuesta, los socialistas también exigen que las posibles responsabilidades económicas que se deriven de la irregular concesión las asuman "los 14 concejales del PP que votaron a favor tanto de dejar desierta la primera convocatoria como de la adjudicación definitiva", puntualizó Moreno.

El juez interroga hoy al intermediario del 'caso Brugal' por blanqueo de dinero

La dirigente socialista destacó que la adjudicación de esa contrata fue el colofón a "todo un proceso de corrupción y actos delictivos". Moreno recordó que Fenoll avaló la campaña electoral del PP local "e incluso participó en la elaboración de las listas".

La investigación policial ha constatado que Fenoll contó con la colaboración de tres ediles del PP e incluso del hermano de la alcaldesa, Mónica Lorente, en el proceso de falsificación de las empresas. Los tres concejales del PP implicados (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y José Antonio Rodríguez) fueron arrestados el pasado 6 de julio y están imputados por cohecho, fraude y tráfico de influencias. La alcaldesa también está imputada por tráfico de influencias, aunque no fue arrestada y aún no ha sido citada por el juez que dirige el caso.

Por otro lado, el juez interroga hoy a Rafael Gregori, empresario de la automoción e intermediario clave de la trama del caso Brugal. Gregori, junto a su hermano y otras 13 personas, fue arrestado el jueves por blanqueo de dinero relacionado con una estafa en su empresa de 12 millones de euros. Por estos hechos también fue detenido Ángel Fenoll, aunque este quedó en libertad con cargos tras declarar en la comisaría.