El Tribunal de Justicia de la UE también paraliza el decreto del carbón

La ofensiva jurídica diseñada por las eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa contra el decreto aprobado por el Gobierno para salvar las minas de carbón autóctono se anotó ayer un nuevo tanto. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo decidió aplicar medidas (denominadas cautelarísimas) contra la decisión de la Comisión Europea de declarar compatible con el mercado interior el decreto que incentiva el consumo de carbón nacional hasta 2014 en las centrales térmicas para producir electricidad.

En la práctica, la decisión paralizará la aplicación de la norma entre uno y dos meses, el tiempo que puede tardar el tribunal en pronunciarse sobre el fondo de la disputa.

La decisión del Tribunal de Justicia de la UE coincidió con la vista convocada en la Audiencia Nacional para determinar si se mantienen o no las medidas cautelares aprobadas la pasada semana contra la resolución de la Secretaría de Estado de Energía que obligaba a las eléctricas a presentar en tres días las cartas de compromiso de compra de carbón, según lo estipulado en el decreto.

Gas Natural pide que se compense a las centrales que resulten afectadas

Industria mantiene en suspenso la norma mientras deciden los jueces

Para las compañías que han recurrido el decreto del carbón porque consideran que no es compatible con el derecho comunitario, la decisión del tribunal europeo es una prueba más de que sus argumentos tienen peso. Aunque cada empresa ha actuado por su cuenta, los argumentos que han utilizado contra el decreto han sido similares. La lista es larga. En el caso de la autorización que aprobó el colegio de comisarios en septiembre, las eléctricas sostienen que no fue analizada con detenimiento y contraviene varias disposiciones europeas relativas a la industria del carbón.

En general, las compañías entienden que el decreto incrementará los costes del sistema eléctrico español, atentará contra el libre mercado e impedirá el cumplimiento de los objetivos medioambientales con los que se ha comprometido España.

La Comisión Europea autorizó las ayudas (con un coste de 600 millones en dos años, según la Comisión Nacional de Energía) porque el Gobierno español se acogió a la disposición comunitaria que permite utilizar en la producción eléctrica hasta un 15% de fuentes autóctonas. Y la única fuente de hidrocarburos autóctona en España es el carbón.

Ante el chaparrón judicial, Industria achicó las malas noticias como pudo. Para empezar, y cuando aún no se conocía la decisión del Tribunal de Luxemburgo, aclaraba que no tomaría ninguna decisión relacionada con el decreto hasta no conocer la decisión de la Audiencia. Luego, una vez conocida la decisión del tribunal europeo, fuentes del departamento señalaron que la medida se basa en alegaciones empresariales contra la autorización de la Comisión Europea del decreto, y no contra el decreto en sí.

Matizaciones jurídicas al margen, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, en la presentación de resultados de la empresa, dijo ayer claro y alto lo que pretenden las empresas afectadas por la obligación de consumir carbón nacional: que el Gobierno las compense por el tiempo que van a estar paradas otras centrales que sean desplazadas en el mercado y que utilizan otro tipo de combustible, sea carbón importado o sea gas natural. "No es justo" que se aplique el decreto "sin compensar", dijo Villaseca, que no cuantificó a cuánto podría ascender esa hipotética aportación por el posible parón.