La explosión de gas de Fondo dará oxígeno a las cuentas de Gramepark

Gas Natural busca una solución para evitar el juicio por la explosión de gas del barrio de Fondo que en enero de 2006 mató a dos personas (un vecino y un operario del gas) y obligó a derribar cuatro edificios en Santa Coloma de Gramenet. La instrucción judicial llega a su fin y la compañía del gas negocia con las partes implicadas -las familias de las víctimas, los vecinos afectados y el Ayuntamiento- el pago de compensaciones económicas cuya cuantía aún está por concretar.

Que la negociación llegue a buen puerto interesa sobre todo a Gramepark, la empresa municipal situada en el epicentro de la trama Pretoria, de presunta corrupción urbanística. La constructora colomense, de la que supuestamente se valieron algunos de los 20 imputados en el caso para hacer negocios, arrastra una deuda de 86 millones de euros. La explosión de gas obligó a construir un bloque de pisos de nueva planta en la Rambla de Fondo, donde ocurrió el accidente, para realojar a los vecinos que se quedaron sin casa. Gramepark se hizo cargo del proyecto de la Torre Sonia -en homenaje a una de las víctimas-, cuyo coste ascendió a 5,08 millones. Ahora, tras las conversaciones con Gas Natural, podría recuperar la totalidad o, al menos, parte de ese dinero.

El siniestro acabó con la vida de una vecina y un operario en enero de 2006

"Evidentemente, si llegamos a un acuerdo satisfactorio con Gas Natural, la tesorería de la sociedad municipal mejorará", explicó a este diario la directora de recursos económicos del Ayuntamiento de Santa Coloma, Ana Muñoz. Los cinco millones que en su día desembolsó Gramepark "incluyen todos los gastos necesarios para desarrollar la promoción de pisos", como la obra, los proyectos y los suministros.

La sociedad municipal prevé recuperar ese dinero con las indemnizaciones cobradas de las pólizas de los particulares, la venta de los nueve pisos extras de la Torre Sonia -los que no son para los afectados y se construyeron solo para evitar que el proyecto fuese deficitario- y, al fin, la posible aportación de Gas Natural.

La compañía y el Consistorio han mantenido hasta ahora dos reuniones preliminares para explorar la situación y dar con una fórmula que permita a las arcas públicas de Santa Coloma "obtener una compensación económica por la reconstrucción del bloque", detallaron fuentes conocedoras de esas negociaciones. Gas Natural ya tiene en sus manos toda la documentación y le toca mover ficha: en la próxima reunión propondrá una cifra.

Para Gramepark sería una inyección de capital que llegaría en un momento financiero muy delicado. En 2006, la sociedad municipal -comandada entonces por Manuel Dobarco, uno de los imputados en Pretoria- y los vecinos firmaron un convenio que convertía a estos últimos en los promotores de la finca. El acuerdo económico está supeditado a que lo acepten todas las partes. Y eso incluye a los vecinos, que también se muestran favorables a esa solución.

Gas Natural considera que pagar no significa asumir la responsabilidad de lo ocurrido. Meses después de la explosión, la compañía ya se hizo cargo de los gastos de los vecinos -que tuvieron que vivir cuatro años en hoteles y pisos provisionales- con idéntica reserva. Además, aún están por determinar las causas del siniestro. La compañía sostiene que la rotura de una tubería de agua fue determinante en el accidente, por lo que confía en que, más adelante, sea Aguas de Barcelona la que deba asumir los pagos. El juzgado que investiga la explosión ha imputado a cinco empleados de Gas Natural por su presunta responsabilidad en el accidente.