La Fiscalía descarta la apropiación de fondos del presidente de Afer

El llamado caso Iurbenor se le va poniendo de cara al presidente del grupo empresarial Afer, Jabyer Fernández. La Fiscalía de Vizcaya tiene ya bastante claro que no cometió una apropiación de fondos, el principal delito por el que está imputado junto al fiscal y societario, según han confirmado a EL PAÍS medios cercanos a la investigación. Fuentes de la Fiscalía declinaron realizar cualquier pronunciamiento hasta que finalicen las diligencias, cuya conclusión solo está pendiente de que el juez resuelva un recurso presentado por la Hacienda de Vizcaya.

Un año y medio después de presentarse la denuncia, la investigación está prácticamente concluida, lo que ha llevado a la Fiscalía a clarificar lo ocurrido y considerar que no existen datos para certificar que, pese al impago de 43 millones de IVA a la Hacienda de Vizcaya, el presidente de Afer cometiera un delito al dedicar ese dinero a sanear principalmente las empresas de su grupo. Este impago procede de la venta de un suelo en Barakaldo de Iurbenor, perteneciente al grupo Afer y que se creó expresamente para el proyecto Puerta de Bilbao, que iba a ser el mayor plan urbanístico en Euskadi con 2.000 viviendas. Pero la crisis lo frustró e Iurbenor tuvo que vender los terrenos a los bancos acreedores por 310 millones, lo que generó ese IVA de 43 millones.

El Ministerio Fiscal no aprecia pruebas del principal delito imputado a Jabyer

El empresario ha pedido el archivo de la causa, abierta hace año y medio

En las diligencias figura un informe del Sepblac (el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España), elaborado el 17 de junio de 2009, que no apreciaba ninguna operación de blanqueo de dinero ni de desvío de fondos por parte de Fernández. El estudio agregaba que, en sus registros de balanzas de pagos, tampoco existía "ninguna operación referente a la persona y la sociedad indicadas". El informe de las administradores concursales de Iurbenor (en suspensión de pagos desde hace más de un año) tampoco apuntó desviaciones de fondos aunque calificaba de "inversiones más que discutibles" el reparto del dinero del IVA.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguía, tiene prácticamente concluidas sus investigaciones y solo está pendiente de resolver un recurso de la Hacienda vizcaína. Esta pidió nuevas pruebas, como la ampliación de un informe y la declaración de dos funcionarias de Hacienda para ratificar un estudio. Pero el magistrado las denegó al entender que se trataba de cuestiones ya investigadas, ante lo que la Hacienda interpuso un recurso, pendiente de respuesta por el juez.

Si, como se prevé, lo desestima, luego deberá responder al archivo de la causa solicitado por la defensa de Jabyer Fernández y estudiar las alegaciones a esa petición, que aún no están en las diligencias, de las diversas partes. En la causa, además de Fernández, están representados los abogados de los otros tres imputados: su hermana Susan Fernández, el actual presidente del Athletic Fernando García Macua y Emilio Prieto, también directivo del club bilbaíno. Ambos, que estuvieron junto a Fernández en el consejo de administración de Iurbenor entre 2006 y 2009, fueron imputados por el juez en marzo pasado por su implicación en el impago de otros 1,8 millones de IVA. Como acusación, están la Hacienda, Fernando García Macua, Iurbenor, Iurbentia (otra empresa en la que Afer tiene una participación minoritaria) y dos socios de esta firma que no estaban en el consejo de administración.

Entonces también deberá emitir su informe la Fiscalía de Vizcaya sobre el archivo o no del caso, una opinión que suele ser determinante para la decisión final del juez. Dada la complejidad y que dos de los denunciantes (Macua y Prieto) fueran imputados por la Fiscalía en el transcurso de la investigación, se abre todo un abanico de posibilidades: desde la imputación a todos o algunos de los implicados o el archivo total o parcial de la causa.

En las diligencias se encuentra también una petición sobre la base jurídica de los convenios firmados entre la Diputación de Vizcaya y Habidite, la filial del grupo Afer encargada del novedoso proyecto de una fábrica de pisos en serie. Este proyecto es el inicio de todo este litigio, ya el rechazo, después de firmarlos en 2006, por parte de la Diputación a cumplirlos suscitó el enfrentamiento entre el diputado general José Luis Bilbao y Jabyer Fernández. Solo unos días después de la difusión pública, siete socios de Fernández presentaron la denuncia que ha motivado esta causa.

Estos convenios, cuya legalidad ya fue cuestionada por partidos políticos en 2006, son investigados por la Comisión Europa por si fueran ayuda de Estado (la Diputación se comprometía a comprarle los 1.500 primeros pisos a Habidite), tras una petición hace año y medio de la Diputación, cuando ya daba el proyecto por frustrado. La CE, en un informe preliminar, apunta a que son ilegales.