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COLUMNA

Dependencia y agencia tributaria

Uno de los asuntos que tratamos la semana pasada en la segunda conferencia sobre federalismo fiscal y descentralización en España, organizada por el grupo Rede de la Universidad de Vigo, fue la ley de dependencia. Uno de los mejores expertos españoles en el campo, Guillem López Casasnovas (Universitat Pompeu Fabra), demostró con datos sus disfuncionalidades y problemas. Nos convenció a todos de que había sido un error programar la ley pensando que el ciclo económico álgido duraría otra década más; que el número de solicitudes desborda los cálculos iniciales, que existen varios cientos de miles de personas en España a espera de dictamen sobre su dependencia o con derecho ya reconocido, pero pendiente de ejecución; y que la modalidad de prestación económica que contemplaba la ley ha pasado a ser la modalidad de atención dominante: es más barata para la Administración (480 euros al mes de media) que las plazas de residencia (1.200 euros) y permite mantener flujos de ingresos en hogares con sus miembros en paro o que se les ha acabado el subsidio de paro. Teniendo en cuenta las restricciones financieras presentes, lo más razonable sería reprogramar el calendario desde una perspectiva realista, dar prioridad a la gran dependencia y retrasar la atención a los dependientes moderados.

Solo con crecimientos anuales por encima del 10% sería posible atender a los dependientes

Los datos para Galicia se enmarcan en esta descripción general: somos algo más lentos que la media en la generación de dictámenes, pero no en su traducción en prestaciones. Desafortunadamente, los presupuestos para 2011 no van a permitir mejorar la situación. Más bien al contrario. Un crecimiento de la partida para la aplicación de la ley de dependencia del 3% es positivo si se compara con una reducción general del gasto del 11%. Pero es claramente insuficiente para cumplir los objetivos inicialmente marcados. Y tampoco cabe aguardar mucho de los presupuestos para 2012. Sólo con crecimientos anuales muy por encima del 10% sería posible. Como quiera que este problema se va a reproducir en todas las comunidades autónomas, me parece urgente la convocatoria de una reunión entre éstas y la Administración central (¿conferencia sectorial, conferencia de presidentes?) en la que se reprogramase la aplicación de la ley y evitase dispersión de criterios y agravios comparativos entre individuos dentro de cada comunidad, y entre individuos que residan en comunidades autónomas diferentes.

Por lo que se refiere a la creación de una agencia tributaria gallega, la idea es buena o no dependiendo de cómo se concrete. En un extremo se encontraría un mero cambio de nombre de la Dirección Xeral de Tributos. Eso efectivamente no costaría nada, pero tampoco generaría ningún efecto positivo. Otra cosa es que se tenga en mente inspirarse en el excelente modelo de la agencia tributaria española (AEAT) y se busque la cooperación con ella. Desde luego, el camino por transitar es largo: en la actualidad los principales impuestos gestionados por la comunidad autónoma (impuesto sobre sucesiones y donaciones; impuesto sobre transmisiones patrimoniales) ni siquiera están en manos de funcionarios, siendo asalariados del sector privado que trabajan en los registros de la propiedad los encargados de buena parte del proceso. Por su parte, si ese nuevo organismo no persigue la colaboración con la AEAT, sus efectos sobre el fraude fiscal van a ser necesariamente menores. Porque las grandes bolsas de fraude se concentran en el IRPF, el IVA y el impuesto sobre sociedades. Los cruces de información fiscal son un instrumento muy útil para detectar la defraudación.

En definitiva, lo que necesitamos conocer es el proyecto concreto que la Xunta quiere desarrollar. Aunque en general adoptan un enfoque maximalista que seguramente no sea el del Gobierno gallego, los trabajos y reflexiones que se hicieron en Cataluña hace unos años podrían ser interesantes para esa concreción.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de octubre de 2010