El Gobierno valenciano tacha el 'caso Brugal' de "montaje"

Los populares valencianos han decidido sacar el paraguas y esperar a que pase el chaparrón de los escándalos de corrupción sin mover sus posiciones ni un milímetro. La portavoz del Gobierno autónomo, la consejera Paula Sánchez de León, recuperó ayer el discurso de la teoría de la conspiración utilizado en el caso Gürtel para justificar el inmovilismo del PP en el caso Brugal. "Esto es un montaje", aseguró la consejera, "donde lo importante es la pena mediática, el descrédito de algunas personas, y donde lo que dicten luego los jueces da igual. Y este montaje tiene una finalidad partidista: ganar unas elecciones creando crispación", remachó.

Sánchez de León situó el origen de la conspiración contra el PP en la polémica cacería celebrada en febrero de 2009 donde coincidieron el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Baltasar Garzón. Sin embargo, cuando se le preguntó a la consejera con qué elementos sustentaba la opinión de que el caso Brugal es un montaje, Sánchez de León dijo: "No hacen falta pruebas". Para la portavoz del Gobierno valenciano es evidente que es un montaje porque el contenido de los sumarios se filtra a los medios de comunicación: "Eso es prueba suficiente". Luego añadió: "El Gobierno valenciano respalda a todas las personas [del PP] que tienen responsabilidades y que han pasado a ser protagonistas de este gran montaje [del caso Brugal]".

Castedo dice que en el sumario sale "un tal Alfredo del Gobierno"

Las manifestaciones de Sánchez de León coincidieron con otras exhibidas en el pleno por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a quien el fiscal acusa de cohecho. Castedo, durante el debate de una moción socialista que pedía suspender la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hasta que se aclarara la investigación judicial, acabó asegurando, en una respuesta a su portavoz, que en el "informe policial" del caso Brugal aparece "un tal Alfredo de altas instancias del Gobierno nacional".

La referencia a "Alfredo" aparece en la investigación policial del PGOU en el apartado de la tramitación del Plan Rabassa, el mayor proyecto urbanístico de Alicante, con 13.505 viviendas previstas, y del que Enrique Ortiz es promotor. Ortiz solicita a un tal Alfredo su intercesión para agilizar los trámites pendientes para la aprobación definitiva del plan, y menciona a varios cargos del Ministerio de Fomento. El tal "Alfredo", añade el informe, "no parece estar dispuesto a realizar las gestiones" que solicita Ortiz, al que anima a hacerlas por su cuenta.