Flores pidió dinero para un club deportivo a una adjudicataria

Las conversaciones grabadas dentro de la investigación policial del caso Brugal afloran también peticiones de ayuda del consejero de Infraestructuras, Mario Flores, a una empresa adjudicataria de obras del tranvía. El director de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en la zona de Valencia, Teodoro Velázquez, transmite al constructor Enrique Ortiz (con quien formó una UTE que se adjudicó el concurso de "redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de variante ferroviaria de la línea 1 en el tramo de la Finca Adoc" por casi 32 millones) que Flores le pidió ayuda para un club deportivo.

Tras reunirse con el presidente del Club Balonmano Femenino Mar Alicante, José Antonio Navarro, el favor resulta una ayuda para el cierre de temporada de entre 60.000 euros y 70.000 euros.

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Esquerra Unida se personará en el caso en lo que afecta al Plan General

El directivo de FCC evitó comprometerse hasta hablar con Enrique Ortiz, con quien quería compartir el favor, pero el empresario alicantino se niega "haciendo referencia a pagos anteriores a terceras personas, aludiendo incluso a su participación en diversos deportes -baloncesto y fútbol-". El propio presidente del club confirma a Ortiz que este encargo es "exclusivamente" para FCC. La cifra al final solicitada rondaba los 60.000 euros. Ortiz, en otra conversación, justifica que por el mismo concepto (el tranvía) ya "ha abonado" 60.000 euros.La investigación policial sobre este supuesto favor que Flores pidió a los empresarios adjudicatarios de obras del tranvía no concluye si finalmente los contratistas accedieron al requerimiento. No obstante, el informe incide en la amistosa relación entre Ortiz, Flores y el presidente de la entidad deportiva.

La Fiscalía Anticorrupción acusa de un supuesto delito de tráfico de influencias al portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Roque Moreno. El fiscal basa su acusación en un informe policial de la pieza del caso Brugal que investiga supuesto trato de favor a Enrique Ortiz en el PGOU de Alicante. Los hechos supuestamente delictivos son la contratación por parte de Ortiz, "a requerimiento" del político socialista, de dos personas. En el escrito, el fiscal señala que la iniciativa de Moreno "se trata de presunto delito relacionado con los investigados respecto a Enrique Ortiz". El promotor, imputado en el sumario general del caso Brugal, está acusado en la pieza del PGOU de Alicante de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y aprovechamiento de información privilegiada.

El informe policial se produce a principios de 2010. En esas fechas, Moreno representaba al PSPV en la comisión municipal sobre la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules, y cuyo máximo accionista es Enrique Ortiz. "La petición de favor efectuada por Roque Moreno cabe decir que es ciertamente irregular que se produzca cuando dicha persona forma parte de una comisión la cual va a decidir un tema tan relevante e importante para los intereses del empresario", señala el informe. En las escuchas telefónicas, el empresario y el dirigente socialista, secretario del PSPV en Alicante, conversan el 8 de febrero de 2010 y Moreno le recuerda a Ortiz: "No te olvides de lo del hijo de Vicente [Ronda]". En el informe, la policía tilda de "revelador que esa petición se produzca en el contexto que se produce y teniendo en cuenta los intereses que se deriven", que es colocar en INUSA al hijo del asesor del Grupo Socialista, Vicente Ronda, y a su mujer Carmen Llabata. Este periódico intentó sin éxito conocer la versión de Moreno.

El secretario general del PSPV en Alicante, precisamente, compareció ayer en una rueda de prensa con la candidata a la alcaldía, Elena Martín, que se mostró "indignada" porque el PP había convertido el Ayuntamiento en un "coladero de corrupción". Martín exigió "respeto" a la fiscalía, a los jueces y a la policía que llevan años investigando estas supuestas irregularidades y arremetió contra la alcaldesa, Sonia Castedo. "No entendemos que se pueda mantener en el cargo después de lo que se ha publicado", señaló Martín, quien no llegó a pedir la dimisión de la alcaldesa del PP. El PSPV de Alicante se preguntaba ayer "¿qué más pedía Ortiz que no se le ha concedido?".

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, denunció gráficamente la situación con un esquema de las Cortes Valencianas en el que señaló en rojo que 13 de los 54 diputados del PP están salpicados por su vinculación a casos de corrupción. La ética democrática, en su opinión, debería llevar a Francisco Camps a disolver la Cámara autonómica. "Cada vez que los tribunales, la Fiscalía Anticorrupción o la policía investigan o comprueban cualquier hecho o circunstancia que tiene que ver con un responsable político del PP, siempre encuentran presuntos delitos y razones para investigar", añadió. El portavoz parlamentario de los socialistas, Ángel Luna, denunció la falta de explicaciones por parte del PP ante lo que calificó como "una asociación delictiva extendida en todo el ámbito de la Comunidad Valenciana".

Por otro lado, la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, anunció que su formación se personará en el caso Brugal en lo que afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, "para estudiar qué está sucediendo" y si ha habido tratos de favor a Ortiz por parte de cargos del PP, como sostiene el fiscal. EU pedirá, además, la paralización del planeamiento, que aún no está aprobado definitivamente. Y el portavoz parlamentario de Compromís, Enric Morera, exigió a Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, que aclare su implicación.