Medio centenar de funcionarios llevan año y medio sin que la Xunta les asigne un puesto

Son 51 funcionarios de la Xunta, 27 del grupo A1 y 24 del grupo A2, con sueldos que rondan los 50.000 euros anuales y llevan 16 meses mano sobre mano en la Administración, sin otro cometido que el que le van asignando cada día los secretarios generales de las distintas consellerías. Todos son trabajadores públicos que en la pasada legislatura ejercieron como cargos de libre designación con el bipartito. En año y medio el Gobierno de Feijóo no les ha encontrado ubicación. La Consellería de Facenda, con las competencias de Función Pública, explicó ayer que es "la rigidez" de la Administración la que impide darles un puesto acorde a su categoría. Entretanto, se ocupan de funciones menores.

Empleados públicos con 50.000 euros de sueldo no tienen puesto asignado

El mismo portavoz autorizado de Facenda subrayó que en la misma situación había 130 funcionarios en el cambio de Gobierno y que en estos meses se ha logrado reubicar a 80 de ellos. Y añade que con el bipartito hubo 100 trabajadores públicos que tampoco tuvieron cometido durante los cuatro años.

El PSdeG, a través de su viceportavoz parlamentario, José Manuel Lage Tuñas, habla directamente de "despilfarro" y ha echado cuentas de lo que paga la Administración por este medio centenar de trabajadores: 2,5 millones de euros al año, o lo que es lo mismo 3,2 millones desde que tuvo lugar el cambio de Gobierno.

Lage Tuñas aseguró que ese es el precio que debe pagar la sociedad gallega por "el sectarismo" del gabinete de Alberto Núñez Feijóo, "que les lleva a prescindir de trabajadores cualificados por haber colaborado con el bipartito".El viceportavoz parlamentario socialista no quiso atribuirse "la paternidad" de la idea y recordó que fue la propia Consellería de Facenda, quien en una respuesta al BNG el pasado 26 de agosto admitió que estas 51 personas "reciben sus retribuciones aunque no tienen puesto asignado y están a disposición del conselleiro o conselleira". Desde agosto hasta ayer, el departamento de Facenda tampoco ha logrado una solución, así que estos 51 funcionarios de la parte alta del escalafón -con sueldos que rondan los 50.000 euros anuales- siguen sin cometido concreto desde hace 16 meses.

La denuncia de Lage Tuñas en el hemiciclo sorprendió al portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, quien dejó pasar por alto las acusaciones de despilfarro y no dedicó una sola palabra al asunto, centrado como estaba en responder a la tardanza de la Xunta en adjudicar plazas a funcionarios que ya han ganado la oposición. Tuvo que ser la Consellería de Facenda, la que varios minutos más tarde emitiese un comunicado público para dar su explicación. En la nota, el departamento de comunicación de Facenda, explica que el concurso de traslados que pretende acometer en los próximos meses "resolverá en breve la mayoría de los casos de estos funcionarios". Añade que "la Administración en estos momentos es muy rígida y si los puestos que ocupaban antes están cubiertos no se puede volver a ubicar a esta gente si no hay vacantes".

El departamento que preside Marta Fernández Currás alega además que la modificación parcial de la ley de función pública -de la que tuvo que retirar la movilidad forzosa por la oposición de los sindicatos- pretende precisamente "dar flexibilidad a la Administración y poder acordar una reordenación de efectivos para aprovechar al máximo los recursos humanos y cubrir las necesidades de trabajo que haya con funcionarios".

Finalmente señala que gracias a sus medidas, "prácticamente no quedará nadie sin adjudicarle una plaza". Más dificultades tuvo Facenda para explicar qué papel desempeñan los 51 funcionarios en la Administración. Garantizó que estos empleados públicos acuden cada día a su puesto de trabajo, pero poco más: las funciones que desarrollan son "las que le encomiendan los secretarios generales de cada consellería" y desde luego muy por debajo de su categoría profesional.

El resto del debate sirvió para confirmar que otros 785 nuevos funcionarios siguen esperando plaza pese a tener aprobados los exámenes que hicieron ya en 2009. Lage Tuñas y Alfredo Suárez Canal, desde el BNG, volvieron a pedir la dimisión del director general de la Función Pública. Fue en vano, Miranda, látigo de la oposición, siempre presto a solicitar dimisiones a PSdeG y Bloque, admitió alguna irregularidad en Función Pública, pero se contentó con que se hubieran modificado algunos procesos selectivos.