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COLUMNA

La delgada línea roja

El confuso anuncio de tregua unilateral difundido por ETA, los movimientos dentro de la izquierda abertzale heredera de la ilegalizada Batasuna y la ruptura interna del colectivo de presos internados en las cárceles españolas y francesas han relanzado las especulaciones sobre una eventual capitulación de la banda terrorista. El justificado temor a que ese nuevo alto el fuego sea -como en anteriores ocasiones- una trampa de ETA para reorganizarse explica que la opinión pública haya recibido con incredulidad esos rumores.

Hasta tal punto resulta lógica esa cautela que Arnaldo Otegi abandona el estereotipado lenguaje burocrático de los portavoces políticos y admite respetar -en declaraciones publicadas por EL PAÍS (17 de octubre de 2010)- a los sectores de la sociedad civil que se muestran "escépticos" sobre la "sinceridad" de las posiciones de la izquierda abertzale: "Todos tenemos razones para desconfiar de nuestros adversarios". El antiguo coordinador de la ilegalizada Batasuna hoy encarcelado critica, sin embargo, a los sectores de la clase política "inmovilistas" que solo utilizan el escepticismo como pretexto para mantener la actual situación de bloqueo.

El pacto entre el Gobierno y el primer grupo de la oposición es indispensable para acabar con ETA

En sus declaraciones, Otegi pide a ETA "que decrete una tregua unilateral, permanente y verificable por la comunidad internacional", anuncia que la izquierda abertzale "se opondría" (un eufemismo para no decir "condenaría") a un futuro asesinato perpetrado por la organización terrorista e incluye en su rechazo de la violencia tanto las extorsiones a los empresarios como la kale borroka.

En la delgada línea roja que pudieran recorrer los partidos democráticos a la búsqueda de un acortamiento de los plazos para la desaparición de ETA no faltarían sin duda las emboscadas. El viciado planteamiento, el irresponsable desarrollo y el funesto desenlace de las conversaciones emprendidas en 2006 entre el Gobierno y la organización terrorista, en paralelo con la negociación entre los partidos vascos democráticos y Batasuna, están repletos de enseñanzas al respecto. Muchas fueron las causas de aquella frustración, desde la ingenuidad autosuficiente del presidente Zapatero hasta la inadvertencia por los negociadores gubernamentales de la inexistente voluntad de entendimiento de sus interlocutores, pasando por el absurdo de que las reivindicaciones exigidas por el nacionalismo radical para alcanzar un trato al final del diálogo (derecho de autodeterminación, unidad territorial del País Vasco y de Navarra) eran a la vez la condición inmodificable para iniciarlo.

Pero el factor decisivo del fracaso de 2006 fue la ausencia de entendimiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para iniciar un camino que exigía inevitablemente ese consenso aunque solo fuera porque el proceso de cierre de las profundas heridas abiertas en la sociedad vasca y la sociedad española por el terrorismo durará el tiempo suficiente para que socialistas y populares se sigan alternando en el poder y aplicando de manera ininterrumpida y coherente la misma política penitenciaria.

Hay motivos para temer que tampoco hoy la situación se halle madura para ese imprescindible acuerdo entre el PSOE y el PP caso de darse el eventual supuesto -los escépticos respecto a esa posibilidad serían ampliamente mayoritarios- de que los propósitos de capitulación de ETA tuviesen visos de realidad. Es probable que los intereses de partido a corto plazo prevalecieran sobre el interés general, a diferencia de lo sucedido en Reino Unido a propósito del Ulster en la década de los noventa del pasado siglo. Si el acontecimiento histórico del fin del terrorismo en el País Vasco tuviese lugar antes de que concluyese la presente legislatura, los socialistas acudirían a las urnas con un importante activo en sus manos: la mezquina tentación de monopolizar sus beneficios, compartiéndolos a lo sumo con el PNV, para ganar las elecciones sería muy grande. Ante esa eventualidad, los populares podrían actuar entonces por razones igualmente ruines y regresar a la desestabilizadora campaña de la anterior legislatura contra los socialistas acusándoles de "traicionar a los muertos" y de intercambiar votos por cadáveres.

De materializarse ese inquietante horizonte de escenarios virtuales ventajistas, el Gobierno de Zapatero no tendría más alternativa que proseguir la vía policial y judicial para continuar desmantelando a ETA (la última desarticulación de Segi marcha en esa exitosa dirección) y para impedir la concurrencia de la izquierda abertzale a los comicios municipales y forales, como pretende la proposición de ley de reforma de la Ley Electoral -inciertamente constitucional- presentada el 15 de octubre en el Congreso por PSOE y PP.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de octubre de 2010