Los costes de una decisión

Cualquier persona que piense en las Administraciones Públicas las valora en función de los trámites que le relacionen con Tráfico, Hacienda, Seguridad Social, terminales de una maquinaria que sirven para identificar los ministerios de los que dependen. Mientras que otros ministerios que no afectan a nuestra vida administrativa corren el riesgo de percibirse menos útiles para la ciudadanía.

Tal y como parece ser el caso del Ministerio de Igualdad, una extravagancia del Gobierno. Lo lamentable es que al finiquitarlo se ha dado la razón a quienes depreciaban sus funciones.

No había sesión parlamentaria sin sórdidas críticas sobre algunos ministerios, pero con reglas de juego distintas: en unos casos la demanda era el cambio de sus responsables, pero aquí la regla era absoluta: suprímase. Bajo la consigna de austeridad, algo inaudito porque Parlamento y Senado conocen al detalle cada capítulo de gasto, y el Ministerio de Igualdad representaba el simbólico coste del 0,3% respecto a los Presupuestos Generales del Estado.

Lo lamentable es que al finiquitar Igualdad se ha dado la razón a quienes lo despreciaban

La decisión más coherente hubiera sido reforzar el ministerio, no por cabezonería, sino porque hay importantes deberes pendientes que se impuso el propio Gobierno en su primera legislatura: controlar la efectiva aplicación de leyes fundamentales, conocidas por todos, como la Ley contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad. Para las cuales un trabajo en red es la única estrategia eficiente dado el número de operadores implicados, por mencionar algunos: juzgados, servicios públicos de empleo, Fuerzas de la Seguridad del Estado. Un esquema de gestión con una exigente coordinación entre la Administración central, a través de sus ministerios, y el resto de las comunidades autónomas.

Claro que alguien podría preguntarse: ¿en qué cambian los objetivos al suprimir un ministerio y crear una Secretaría de Estado?

Para empezar, es preciso trabajar en una doble dirección, por una parte, comprometiendo a cada una de las instancias técnicas y, sobre todo, políticas, para llegar a acuerdos que consoliden las medidas prescritas por cada ley; y por otra, hacer un seguimiento de todos los organismos responsables de su desarrollo, desde empleo, hasta educación y sanidad.

En esto consiste la transversalidad, en trabajar con todos para que la igualdad no quede constreñida a ser un "tema" de mujeres, sino que forme parte de todas las competencias de las Administraciones Públicas. Ahora bien, si en un solo ministerio, compuesto por Secretarías Generales o de Estado, es difícil una coordinación interna, multipliquemos este organigrama por 16 ministerios y veamos, ¿cómo se van a superar los muros invisibles de cada departamento, o dirección general, para concebir la igualdad como política transversal? ¿A qué criterios se podrá invocar para que otros cargos, con rango equivalente, acepten impulsar lo que no es propio de su agenda política, sobre cuyos resultados depende su prestigio? Y sobre todo, ¿de qué autoridad se puede una servir para convocar objetivos comunes, cuando la igualdad como materia ha sido inhabilitada del Poder Ejecutivo por el propio Gobierno?

Este déficit podría haberse solventado ubicando la Secretaría de Estado de Igualdad en el Ministerio de la Presidencia, cumbre de la toma de decisiones que goza del suficiente reconocimiento por todas las Administraciones Públicas y, sobre todo, dota de la suficiente jerarquía al cargo responsable de crear estructuras de transversalidad.

Se ha optado por volver a 1988 al identificar igualdad con políticas sociales, que si ahora dependen del Ministerio de Sanidad antes lo hicieron del Ministerio de Trabajo.

Es difícil sustraerse a la perplejidad al recordar lo conseguido desde el 2004 hasta el presente, donde lejos de considerar a las mujeres un colectivo, por ser estas la mayoría de la población, se ponía el acento en su talento y se superaba el concepto de vulnerabilidad, para revalidar sus contribuciones. O se legislaba su participación plena en la vida pública, tanto en las listas electorales, como en los consejos de administración. Mientras que en la vida privada caducaba la conciliación en femenino para dar paso a la corresponsabilidad gracias al permiso de paternidad. Demasiada altura para un aterrizaje forzoso.

Soledad Murillo de la Vega es profesora de la Universidad de Salamanca y ex secretaria general de Políticas de Igualdad.