La Xunta permitirá la ubicación de industrias en suelo rústico protegido

Solo han pasado nueve meses desde que la Consellería de Medio Ambiente sacó adelante la reforma de la Lei do Solo, y el Parlamento espera en lo que resta de legislatura otro proyecto de ley para modificar con profundidad la ley urbanística por excelencia. Pero Agustín Hernández no ha querido esperar más para introducir cambios en la norma aprobada el pasado 23 de marzo. Lo ha hecho silenciosamente, a través de la ley de acompañamiento del proyecto presupuestario, para abrir la puerta a la instalación de industrias, dotaciones e infraestructuras en suelo rústico protegido.

Camuflados entre la maraña de cifras de los Presupuestos de la Xunta para 2011, la Consellería de Medio Ambiente ha incluido dos artículos que modifican la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia de 2002 (Louga), sobre la que se basó la reforma del pasado marzo. Uno de ellos introduce dos cambios de calado. El primero permite a la Xunta autorizar la "implantación de infraestructuras, dotaciones e instalaciones en las que concurra una causa de utilidad pública o interés social" prevalente. El segundo, elimina una frase del artículo que regula los usos autorizables en los suelos rústicos de protección agropecuaria, la que establece la condición de que "no lleven a la transformación urbanística de los terrenos ni lesionen los valores objeto de protección".

La oposición acusa al conselleiro de favorecer la especulación

Hernández asegura que el cambio solo se aplicará "de forma excepcional"

Fue la diputada del PSdeG Mar Barcón la que destapó los cambios. Lo hizo en la comisión parlamentaria en la que Agustín Hernández explicó los presupuestos de la consellería para 2011, en una exposición en la que pasó por alto los cambios en la Lei do Solo. "Será que se avergüenza", ironizó Barcón, que acusó al conselleiro de "asolar el territorio" con la autorización de cualquier uso "empleando la fórmula de la utilidad pública".

La socialista lamentó también la "utilización perversa" de la ley de acompañamiento de los presupuestos "para sortear controles legislativos" y "eliminar las cautelas en los procesos de urbanización". La diputada Teresa Táboas, del BNG, coincidió con Barcón: "No se atrevió hace nueve meses y abre ahora esta vía para la especulación y estropear el territorio".

El conselleiro apeló a la crisis y al paro para defender los cambios. "Me gustaría que les dijesen a los parados de Galicia que no están de acuerdo con que podamos implantar una instalación de manera excepcional en suelo rústico", retó a la oposición. Subrayó Hernández que las autorizaciones requerirán "del necesario informe favorable" de la autoridad ambiental, en este caso, la propia Consellería de Medio Ambiente. Su titular admitió que el objetivo es facilitar el desarrollo de empresas y dotaciones, que está "muy comprometido, al no existir extensiones importantes de terreno que no incluyan zona de especial protección". Fuentes del departamento explicaron que, con este cambio, la Plataforma Logística de Salvaterra (Plisan) no hubiera tenido los problemas de desarrollo que la acucian.

Hernández aprovechó su intervención en el debate sobre los presupuestos de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras para defenderse de las acusaciones de abuso del modelo de colaboración público-privado. En tiempos de crisis, argumentó, los contratos de concesión son una herramienta "para frenar la caída de la inversión". Una herramienta que el conselleiro piensa utilizar "al máximo posible", aseguró. La oposición le recriminó que, de los 130 millones de euros que la Xunta preveía captar por el mismo modelo en 2010, apenas logró menos de 10 millones.

El conselleiro de Medio Ambiente destacó que la suma del presupuesto consolidado del departamento que dirige, los entes adscritos y la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) asciende a 1.089,9 millones de euros, un 21,3% menos que en 2010. La capacidad inversora es de 968,2 millones, afirmó.