Un tribunal reabre el 'caso espías' tras el recurso de un ex jefe policial

La Sección XVI de la Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir las diligencias del caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid, perpetrado por agentes a sueldo del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, para que se acumule e investigue la denuncia presentada por el ex jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Giménez, por hechos similares que supuestamente habrían cometido contra él los mismos implicados en los seguimientos al vicealcalde Manuel Cobo y al ex vicepresidente autonómico Alfredo Prada, ambos adversarios de la presidenta autonómica dentro del PP.

Poco después del estallido del caso espías, Giménez denunció que él también pudo ser objeto de seguimientos, pero la juez instructora, Carmen Valcarce, desgajó su denuncia de la causa principal y terminó archivando tanto una como otra. La causa principal es la relacionada con los supuestos seguimientos sufridos por Cobo y Prada por parte de ex policías y ex guardias civiles adscritos como empleados y asesores a la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, que dirige Francisco Granados. El tribunal considera que la decisión de Valcarce de abrir una pieza separada al margen de las diligencias centrales de la trama del espionaje ha podido originar "inseguridad jurídica" a Giménez. Y entiende que no debió desgajarse de la causa principal su denuncia. Por eso le ordena que acumule su escrito a la citada pieza principal y, hecho eso, que tome la decisión que crea oportuna, pero "en el marco de las diligencias previas registradas con el número 1891/2009". Es decir, la referida, según la Audiencia, al "llamado espionaje político en la Comunidad de Madrid".

El anterior mando de Coslada cree que él también pudo ser vigilado

La juez tendrá dos opciones tras reabrir la causa principal: investigar la denuncia de Giménez o no hacer nada y archivarla nuevamente, aunque en este último caso el tribunal le pide que le dé una explicación "judicial razonada". El ex jefe policial de Coslada ha pedido a Valcarce, para no causarle indefensión, que tome declaración a los ex policías implicados y al consejero Granados.

Valcarce archivó el caso espías, pendiente en este momento de un recurso del PSOE ante la Audiencia de Madrid, en julio pasado. La Audiencia aún no se ha pronunciado sobre el archivo de la causa principal; esto es, los seguimientos a Cobo y Prada, acreditados en las diligencias con informes policiales basados en los posicionamientos de los móviles de los imputados, que coinciden con los partes que hicieron los espías sobre la ubicación real de los investigados, y del informe pericial encargado por la juez que acreditaba que uno de los empleados de la Consejería de Interior era el autor de las notas manuscritas en los partes. Como apelante del archivo de la causa, solo figura el PSOE, pese a ser del PP las víctimas, Cobo y Prada. Ambos fueron forzados por Mariano Rajoy a retirar los recursos que presentaron tras el archivo del asunto para evitar dañar la imagen del partido.

Lo que en puridad ha ordenado ahora la Sección XVI de la Audiencia de Madrid es que no se desgajen de ese procedimiento principal (pendiente del recurso del PSOE) las supuestas investigaciones hechas por ex policías a las órdenes de Granados al ex jefe policial de Coslada.

Giménez denunció que él también había sido objeto de seguimientos, basándose en declaraciones hechas a este periódico por Marcos Peña. Este ex inspector de policía, fichado por Granados, manifestó que hizo trabajos de inteligencia para la elaboración de informes sobre escándalos en Ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos y Coslada. Y citó entre sus investigaciones la supuesta trama que condujo a la detención de Giménez en la llamada Operación Bloque. Giménez ha mantenido que su detención fue fruto "de una novela sin base redactada por la policía".

Valcarce archivó la causa central del espionaje sin haber tomado declaración a la ex esposa de principal imputado, Sergio Gamón, jefe de los agentes que efectuaron supuestamente los seguimientos. La esposa de Gamón afirmó a EL PAÍS que este le había hablado sobre investigaciones encargadas por el vicepresidente primero del Gobierno de Aguirre, Ignacio González. Valcarce archivó el caso por entender que no estaba acreditado el delito de malversación de caudales públicos que investigaba (utilizar a empleados pagados con dinero público para fines distintos de su cometido) y que, en todo caso, "sería imposible determinar la cuantía que se habría destinado indebidamente...".