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El PP propone un certificado de "convivencia" para inmigrantes

El documento serviría para renovar el permiso de residencia

El Partido Popular cada día da un paso más en su batalla para abanderar el discurso de mano dura con la inmigración en Cataluña. El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, aterrizó ayer en Salt (Gironès), municipio con un 41% de inmigración y donde él no tiene ninguna competencia, para desgranar un discurso "políticamente incorrecto" sobre los sin papeles, según sus propias palabras.

En la línea populista de aprovechar el filón de la inmigración, Fernández Díaz propuso que los Ayuntamientos expidan certificados de convivencia que se tengan en cuenta a la hora de renovar permisos de residencia y de trabajo. El buen inmigrante será aquel que no tenga sanciones por incivismo, que lleve a sus hijos al colegio, que respete la ciudad y que no tenga quejas de sus vecinos. Hace unos días el PP desveló que en su programa para las autonómicas pedirá que los Ayuntamientos delaten a los sin papeles empadronados a la policía. El padrón es básico porque permite a los ciudadanos el acceso a la sanidad y a la educación públicas.

No es casualidad que el PP catalán escogiera Salt para lanzar ayer una nueva propuesta de este tipo. Aunque ahora está en calma, en marzo varios enfrentamientos entre autóctonos y recién llegados crisparon el ambiente en la localidad y la mantuvieron en vilo varios días. El mes pasado, el partido xenfobo Plataforma per Catalunya llevó también su discurso al municipio.

El PP se valió ayer de uno de sus dirigentes regionales más beligerante en materia de inmigración para ganarse a una audiencia especialmente sensible al tema. Algo que ya hizo en Badalona, cuando su presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, se paseó por los barrios con mayoría de gitanos rumanos con la eurodiputada francesa Maria Thérèse Sánchez-Schmid en plena campaña de expulsión de los rumanos en el país vecino.

Fernández Díaz no temió abordar temas complejos, como la beca de comedor, para decir que hay que garantizar que nadie que tenga necesidad se pueda sentir excluido. También abordó el debate sanitario -hay personas que pasan del uso al abuso, vino a decir- y propuso que solo puedan acceder a la vivienda social quienes lleven al menos 10 años empadronados para demostrar arraigo en la ciudad.

La ponencia de Fernández Díaz, titulada La inmigración, mismos derechos, mismas obligaciones, estuvo trufada de frases como "aquí no cabe todo el mundo", "el que venga a robar será expulsado de forma fulminante" o "formas de interpretar el islam son claramente contrarias a la tradición social española".

Fernández Díaz alardeó ante su audiencia de atreverse a decir lo que los demás partidos no osan, pero no dejó claro cuándo se aplicarán sus medidas. Fuentes del PP aseguran que llevarán a las autonómicas la propuesta de los 10 años de empadronamiento para acceder a la vivienda social. El certificado de convivencia lo postergarán hasta las elecciones municipales de 2011, según esas mismas fuentes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de octubre de 2010