La Xunta traslada su malestar por la aplicación del telepeaje en Portugal

Nadie cuestiona la competencia del Gobierno portugués para adoptar las medidas que estime oportunas en el marco de su soberanía. Fue lo primero que destacó Alfonso Rueda, conselleiro da Presidencia, al presentar los acuerdos de la reunión celebrada ayer en Vigo. Las conclusiones enfatizan en reprobar "la manera" en que se ha implantado el telepeaje en las autovías scuts de la Región Norte por sus efectos sobre la vertebración y dinámicas de la Eurorregión, tantos años cultivada y que, de súbito, recibe un varapalo. "En nada ayuda a las relaciones económicas de ambas partes", afirmó Rueda.

La relación de esta protesta con la formulada recientemente por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, por "desviar" fondos del AVE Oporto-Vigo al trazado Lisboa-Madrid, es circunstancial. Los acuerdos de ayer se trasladaron a los Gobiernos de Lisboa y Madrid.

"Los empresarios portugueses apoyan los acuerdos", asegura Rueda

En la reunión, celebrada "significativamente" en la sede de la Asociación de Cooperación Transfronteriza, participaron tres conselleiros (el citado Rueda, Agustín Hernández y Javier Guerra), junto con otras autoridades de la Xunta; el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, José Manuel Fernández Alvariño; el director del Club Financiero Vigo, Jesús Bahíllo y, por parte portuguesa, el coordinador de la Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, Nuno Almeida, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Viana do Castelo. Los acuerdos se adoptaron por unanimidad y, según Rueda, "los empresarios portugueses son los primeros en apoyarlos"

Además del "malestar y desacuerdo con las maneras", otro de los puntos aprobados constata "la desinformación absoluta" existente en el primer día de aplicación del telepeaje, por lo que se pidió una campaña de información. También, que el pago por el uso de las autovías pueda realizarse en metálico, al tiempo de seguir avanzando en un sistema de interoperatividad que unifique los modelos ahora distintos de afrontar los peajes a un lado y otro de la frontera.

Otro punto señala que la medida adoptada por el Gobierno luso podría constituir una infracción del derecho comunitario al establecer en ese telepeaje bonificaciones y exenciones exclusivas para ciudadanos portugueses y, por último, a la vista de la confusión existente, "que en algunos casos llega casi a la crispación", dijo Rueda, los reunidos pidieron una moratoria en la aplicación de sanciones puesto que muchos usuarios no han podido acceder a los dispositivos que aplican el telepeaje, de modo que sus incumplimientos son obligados.