La Audiencia de Castellón rechaza que a Fabra lo juzgue un jurado

La Audiencia de Castellón ha rechazado que el presidente de la Diputación y del PP en la provincia, Carlos Fabra, sea juzgado por un jurado popular en el caso de que finalmente se siente en el banquillo. La sección segunda de la Audiencia considera que las imputaciones que pesan sobre Fabra por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal son competencia de un tribunal técnico ya que a su entender, y al contrario de la opinión del juez, los dos primeros no prevalecen sobre el fraude fiscal. Es decir, no entiende que el fin del dirigente del PP fuera el cohecho y que la comisión de éste le llevara a defraudar al fisco.

La decisión de que la vista se celebrara con jurado la tomó el instructor del caso, el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, Jacobo Pin, al que el auto de la Audiencia critica por su falta de determinación en los hechos que relata en la resolución que fue recurrida por Fabra y por la fiscalía anticorrupción. Le recrimina además que no se determine el tipo de cohecho y sigue la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el caso Gürtel al hablar de la diferencia entre las responsabilidades institucionales (por las que el imputado se trata como un funcionario) y orgánicas dentro del PP.

En el mismo auto, la Audiencia rechaza la solicitud realizada por Carlos Fabra para que se anulara el procedimiento al no considerar los hechos verosímiles. En este aspecto, la sección segunda reprocha a la defensa del dirigente del PP su petición que, según dice, "carece de sentido a estas alturas".

En cualquier caso, la Audiencia de Castellón ha decidido que, en el caso de que Carlos Fabra sea finalmente juzgado, sea un tribunal de magistrados el que lo juzgue ya que a su entender, y siguiendo la tesis del fiscal, los presuntos delitos contra la Hacienda Pública son demasiado complejos para ser enjuiciados por un tribunal popular.

El debate sobre quién debería juzgar a Fabra retrasará el posible juicio de un caso que lleva abierto casi siete años. El juez instructor ya determinó la existencia de indicios racionales de criminalidad y cerró la instrucción antes del verano. Sin embargo, la decisión de Fabra de pedir una nueva declaración ante el juez, que se produjo el pasado septiembre, y la existencia de otros recursos pendientes de resolución, no han permitido todavía culminar esta parte del procedimiento y decidir definitivamente si Fabra debe ser juzgado por las citadas imputaciones.