La defensa de Camps no vale para RTVV

Los argumentos exculpatorios que la Abogacía de la Generalitat remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para defender la legalidad de los contratos formalizados con las empresas de la trama del caso Gürtel no valen para Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).

Al revés. Los peritos de la Agencia Tributaria que auxilian al juez Antonio Pedreira -y que han analizado los contratos de Canal 9 y Ràdio 9 con motivo de la visita del Papa a Valencia- mencionan varias veces el argumentario de la Abogacía de la Generalitat para concluir que RTVV vulneró la ley. Las ilegalidades se produjeron en la adjudicación de contratos por valor de 14,7 millones de euros y sirvieron para beneficiar a la trama de empresas que dirigía Francisco Correa, que obtuvo un millón de euros en comisiones.

El ente gastó 14,7 millones de euros irregularmente con la visita del Papa

La actuación fue para contratar de manera aleatoria y subjetiva en Canal 9

"De acuerdo con la normativa de contratación pública y con lo indicado por la propia Abogacía de la Generalitat, al superar el suministro el límite de 238.960 euros, IVA incluido, el procedimiento de contratación debería haber sido abierto y la forma de adjudicación mediante concurso", relata el informe. Y, a continuación, los peritos añaden que en un buen número de los contratos analizados "se ha fraccionado indebidamente el objeto del suministro y se han utilizado los procedimientos de contratación y licitación necesarios para que ninguno de ellos fuera superior al límite señalado por la propia Abogacía de la Generalitat, con el fin de vulnerar el cumplimiento de las normas sobre capacidad de las empresas, publicidad y procedimientos de licitación".

El análisis pericial de las contrataciones realizadas por RTVV, con Pedro García como director general del ente, refuerza los indicios iniciales sobre las graves irregularidades cometidas con motivo de la visita del Papa a Valencia.

El pasado mes de mayo la Abogacía de la Generalitat remitió, sin que nadie lo solicitase, un informe al TSJ de Madrid para rebatir los informes periciales que cuestionaban la legalidad de los contratos del Gobierno de Francisco Camps con las empresas de la trama corrupta, y en especial con Orange Market. El informe de la Generalitat, además de exonerar a Camps de cualquier responsabilidad por las contrataciones, admitía cierta falta de rigor en "la observancia de los trámites reglados" para contratar, pero negaba que hubiese ilegalidades porque buena parte de la legislación "no les era de aplicación por razón de la cuantía".

En su informe, la Abogacía de la Generalitat obviaba referirse a los contratos de RTVV, que el Consell y el PP siempre han defendido que eran legales porque Canal 9 y Ràdio 9 habían sido auditadas por la Sindicatura de Comptes.El informe de los peritos de la Agencia Tributaria narra un cúmulo de irregularidades en las contrataciones analizadas realizadas por Ràdio Televisió Valenciana por importe de 14,7 millones de euros (casi 2.500 millones de las antiguas pesetas). Falta documentación administrativa "básica en cualquier expediente", se fraccionan los contratos para vulnerar los procedimientos de contratación y se declaran contrataciones de urgencia para vulnerar los principios de publicidad y concurrencia y por falta de planificación, indica el informe judicial.

En el mismo análisis de la Agencia Tributaria se destaca la existencia de un buen número de contratos tramitados con "precio libre". Es decir, que carecían de un precio de licitación previo, lo que permitió a RTVV fijar un pliego de prescripciones técnicas con la cantidad y calidad de los suministros que necesitaba y fijar precios unitarios.

El cúmulo de irregularidades no termina aquí. Teconsa, la empresa pantalla de la trama Gürtel que se quedó con el jugoso contrato de sonorización e instalación de las pantallas de vídeo, subcontrató con otra empresa (Apogee Telecomunicaciones) la práctica totalidad del contrato obtenido de Ràdio Televisió Valenciana. Apogee, además de cobrar de Teconsa, se llevó casi 100.000 euros de RTVV por poner el servicio de seguridad que se encargaba de la vigilancia de las pantallas y el material de sonido.

Entre los contratos analizados por los peritos figura otro de RTVV por importe de 55.870 euros con la empresa de seguridad Segur Ibérica, que presta normalmente este servicio en Canal 9 y Ràdio 9, con motivo de la visita del Papa. La paradoja es que la propia dirección de gestión de RTVV emitió solo cinco días antes un informe en el que indicaba que Segur Ibérica "no puede cumplir el servicio extraordinario", que justifica la contratación urgente de un servicio de seguridad por importe de 122.000 euros a Eulen, sin solicitar ninguna oferta adicional. "La actuación [de los gestores de RTVV] ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva", concluyen los peritos.

Tras conocerse la existencia de este informe pericial sobre las irregularidades en las contrataciones de RTVV, la oposición en pleno reclamó la convocatoria de una reunión extraordinaria del consejo de administración del ente y una reunión de la comisión de control de la radiotelevisión valenciana.

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, afirmó: "Queremos verlo todo, absolutamente todo. Hasta el último de los contratos de Pedro García como director general". Alarte reclamó "explicaciones claras" al sucesor de Pedro García al frente del ente, José López Jaraba. El dirigente socialista acusó al presidente de la Generalitat de convertir Canal 9 en su No Do privado y en "un lugar de negocio para los corruptos de Gürtel".

La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, anunció ayer que reclamará la comparecencia del ex director general de RTVV Pedro García en las Cortes para que explique "toda la verdad que ha estado ocultando". Sanz recordó que, hasta ahora, toda la información se ha conocido a partir "del alzamiento del secreto del caso Gürtel".

El portavoz de Compromís, Enric Morera, reclamó también la comparecencia urgente del síndico mayor de la Sindicatura de Comptes para que explique cómo controló su institución el dinero de los valencianos en Canal 9 y se pronuncie sobre el informe pericial.

Por parte del Consell, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, se limitó a echar balones fuera al ser preguntado por las irregularidades.