La sanidad pública madrileña paga el doble de abortos con la nueva ley

Hace años que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una prestación del sistema nacional de salud. Es decir, que era la sanidad pública la que debía pagar las intervenciones, tanto si se hacían en hospitales públicos (en Madrid, apenas un 0,8% en 2009) como en clínicas privadas. Sin embargo, la Comunidad de Madrid nunca había sufragado más de un tercio de los abortos que se realizaban en su territorio. Muchas mujeres desconocían que tenían derecho a la prestación, en parte porque la Comunidad de Madrid no las informaba de ello.

Hasta ahora. Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto, en julio pasado, el número de mujeres que ha hecho uso de su derecho a una IVE gratuita se ha doblado. Si en 2009 solo el 28,9% de las intervenciones las pagaba la sanidad pública (según los últimos datos oficiales), ahora ya son el 60%, según una estimación de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), con una treintena de clínicas en España y cinco de las siete autorizadas en Madrid. La Consejería de Sanidad ni confirmó ni desmintió ese dato.

Sube el porcentaje de mujeres de fuera de Madrid que abortan en la región

Parla es la única ciudad en la que sube el número de intervenciones

El porcentaje de abortos financiados se ha disparado con la entrada en vigor de la ley, pero ya venía de una subida progresiva en los últimos años. En 2004, el 80% de las intervenciones las pagaban las mujeres de su bolsillo. "La ley era ambigua y las comunidades nunca se preocuparon, salvo excepciones, de poner dinero y promocionar la prestación, en definitiva, de aplicar la ley", afirma la vicepresidenta de Acai, Francisca García. Un ejemplo de esa rareza es Andalucía, donde hace años que, mediante un sistema de conciertos, la sanidad pública financia el 90% de las intervenciones.

Las clínicas privadas, que son las que realizan la práctica totalidad de los abortos, también han detectado que hay mujeres que desisten de solicitar la cobertura pública debido al retraso de entre tres y cuatro semanas en la Unidad de IVE, la única oficina que tiene la Consejería de Sanidad para gestionar la gratuidad de la prestación. De hecho, Acai asegura que, junto con Cataluña, Madrid es la comunidad autónoma que peor está aplicando la nueva Ley del Aborto a causa de esa demora.

Los datos sobre las IVE practicadas en 2009 en la región muestran un ligero repunte en el porcentaje de mujeres que no residen en la Comunidad de Madrid. Mientras el número total de abortos descendió por primera vez en una década -se realizaron un 8,5% menos de intervenciones en la región-, el porcentaje de mujeres llegadas desde otras comunidades autónomas o desde otros países aumentó. Pasó de un 17% en 2008 al 17,4% el año pasado. Algo más de la mitad de esas 4.223 IVE (el 51,5%) corresponde a mujeres procedentes de Castilla-La Mancha.

Un 5,1% procede de otros países, fundamentalmente de Portugal (4,3%), Francia e Italia, según destaca el Informe sobre las interrupciones voluntarias del embarazo notificadas en la Comunidad de Madrid 2009. La Consejería de Sanidad no facilitó los datos desglosados por comunidad autónoma o país y remitió al contenido del informe.

A un alto porcentaje de esas mujeres (el 11,2%), señala el documento, se le practicó el aborto por presunción de graves taras fetales, lo que resultó en un mayor porcentaje de IVE tardías. El 26% de las intervenciones a mujeres llegadas de fuera de Madrid fueron de más de 15 semanas, frente al 6,7% en mujeres residentes. El informe sobre interrupción voluntaria del embarazo que realizaron los expertos de Sanidad el año pasado constataba cómo desde que Portugal aprobó su nueva ley del aborto la afluencia de residentes en ese país a las clínicas madrileñas había disminuido considerablemente.

La norma, que permite abortar libremente hasta las 10 semanas de gestación, entró en vigor en verano de 2007. Antes, Portugal tenía una de las legislaciones más restrictivas de Europa. Según el informe de 2008 de Sanidad, las portuguesas representaban en 2006 un 9% del total de mujeres de fuera de Madrid que acudían a las clínicas de la región. En 2007 ese porcentaje bajó al 6% y cayó al 2,3% el año siguiente.

El informe de 2008 permite comparar cuántas mujeres se someten a un aborto por la presunción de graves taras en el feto. En el caso de las residentes en Madrid, fue un 1,8% del total, mientras en que las que llegaron de otras comunidades u otros países ese motivo representó el 11,5%. En 2008 no se apreciaron diferencias entre residentes y no residentes en cuanto a la franja de edad. En los dos casos, el porcentaje mayoritario fue el comprendido entre los 20 y los 29 años.

El informe que realiza anualmente la Comunidad de Madrid permite comparar las tasas de aborto (por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años) en los municipios con más de 20.000 mujeres en edad fértil. En el de 2009 se aprecia cómo Madrid fue el municipio con la tasa más alta entre 2000 y 2006, para ser superado después por Torrejón de Ardoz en 2007 y 2008. El descenso en las tasas de aborto, aseguran los autores del documento, "se ve en todos los grandes municipios de la Comunidad". Excepto en uno. Parla es la única localidad en la que la tasa de abortos creció en 2009 con respecto al año anterior. Fue, además, la más alta. Y "ha aumentado año a año", destaca el informe de Sanidad. En cambio, la tasa más baja en 2009 se registró en Alcorcón.