Los '100 economistas' piden calcular la pensión con toda la vida laboral

Después de dejar su impronta en el debate sobre la reforma laboral, el grupo de los 100 economistas trata de hacer lo propio en la reforma del sistema de pensiones. Hace año y medio fue el contrato único; hoy -cuando los diputados negocian los cambios en el Congreso- defienden que se dé una vuelta de calcetín a la Seguridad Social. Quieren estos expertos, aglutinados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que las pensiones de los futuros jubilados -"trabajadores menores de 40 años"- dependan exclusivamente de lo que hayan contribuido al sistema durante toda su vida laboral.

La base de la propuesta parte del modelo sueco (el sempiterno ejemplo del Estado de bienestar, en revisión en el país nórdico). Según explicó Javier Díaz-Giménez, profesor de la Universidad Carlos III, ellos plantean que la pensión dependa de lo que el trabajador haya cotizado en toda su vida laboral. Otro pilar de la propuesta es que la edad de jubilación sea flexible, "entre los 60 y los 70", y que cobrar la pensión no sea incompatible con recibir algún tipo de salario.

"El Pacto de Toledo es la mayor estafa de la democracia", dice un experto

El tercer principio se basa en el desconocimiento de cuáles van a ser las condiciones demográficas y económicas en el futuro. De ahí que hablen de que las fórmulas a aplicar a la hora de calcular la cuantía de la pensión tengan que adaptarse a la coyuntura. "Nadie sabe lo que va a pasar en 2050", justificó Díaz-Giménez.

El objetivo del cambio propuesto es lograr un sistema sostenible ante un futuro demográfico que supone todo un reto para el sistema de pensiones. Para ilustrar el desafío bastan dos datos: hoy hay más de cuatro trabajadores contribuyendo por pensionista; en 2050 la relación será de menos de dos a uno.

Pero esta profunda modificación de la Seguridad Social como está concebida hoy requeriría tiempo. Y la reforma es "inevitable y urgente", expuso el director de Fedea, Pablo Vázquez. Así que entretanto, los 100 proponen cambios graduales en el sistema actual durante un periodo de transición que lo haga más justo y sostenible, ya que, en su opinión, no es ni una cosa ni la otra.

Para este periodo, la propuesta va más allá de las líneas básicas que ha enviado el Gobierno al Pacto de Toledo. Mantienen el retraso de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, y la completan con una demora en la edad mínima de retiro (de 61 a 63). Plantean calcular la pensión teniendo en cuenta toda la vida laboral del trabajador. Y piden aumentar los años necesarios para cobrar la totalidad de la pensión (de 35 a 40).

Las consecuencias de estos cambios, tanto los inmediatos como los futuros, serán unas pensiones más reducidas -"el nuevo sistema tendrá que ser necesariamente menos generoso que el actual"-. De ahí que Díaz-Giménez defienda "mayor transparencia". Con ella, los ciudadanos tendrán la información necesaria para recurrir a fondos privados de pensiones si lo creen necesario, explicó Díaz-Giménez.

Esta irrupción de los 100 en el debate sobre pensiones es la segunda de este año. Ya en febrero se lanzaron a la arena. Pidieron que los políticos dieran un paso atrás y dejaran que un grupo de expertos elaborara un Libro Blanco. No les hicieron caso. El Pacto de Toledo, con la premura del Gobierno, está negociando un documento que sirva de base para la reforma. Y esto no parece haber sentado bien a alguno de los economistas. "El Pacto de Toledo es la mayor estafa que se ha diseñado nunca", clamó Díaz-Giménez a título personal.

Ajenos a estas palabras y a las prisas del Ejecutivo, los portavoces de los grupos políticos del Pacto de Toledo se reunieron ayer, informa Lucía Abellán. Hasta mediados de diciembre no esperan tener una propuesta cerrada. A la vista de la agenda tan protocolaria de esa comisión, así será, pues tanto el martes como ayer los diputados evitaron entrar en los temas más conflictivos: edad de jubilación, cálculo de la pensión, años cotizados... "El debate sobre la congelación de las pensiones y otros asuntos más complicados los dejamos para el final", explicó la socialista Isabel López i Chamosa.

Al encuentro de ayer asistieron dos representantes del Ministerio de Trabajo para dar una base técnica a las propuestas de los diputados, que se emplean en discusiones para iniciados: la necesidad de financiar las pensiones no contributivas con impuestos, en lugar de hacerlo con cotizaciones sociales como hasta ahora, y la simplificación de regímenes de la Seguridad Social.