Los números de Feijóo

Todos los años tanto la presentación de los Presupuestos del Estado como los de la Xunta generan una dura controversia entre los diversos actores políticos y sociales. Por supuesto, nada que objetar a ese debate. Al contrario, si se realizara en términos serios y rigurosos sería una señal de madurez democrática de primer orden. Desgraciadamente, tal cosa no suele suceder y, un año tras otro, el presupuesto se transforma en una simple arma arrojadiza contra el adversario político.

Un ejemplo de lo que afirmo lo constituye la confrontación desatada en torno a la inversión del Estado en Galicia. Mientras el PSdeG la respalda sin matices y la considera un hecho histórico, el PP y la Xunta la descalifican y consideran que representa una inaceptable discriminación para Galicia. El Partido Socialista destaca, con razón, que la inversión prevista para Galicia representa el 9,3% de la total de España, una cifra muy superior al peso económico y demográfico que tiene nuestra comunidad en el conjunto del Estado. Pero se olvida que esa cifra relativa representa en términos absolutos 500 millones menos de inversión que en el pasado ejercicio, como consecuencia del drástico ajuste fiscal que está realizando el Gobierno y que recae fundamentalmente del lado del gasto. Y se olvida también de que en numerosas ocasiones el presupuesto inicial queda desvirtuado por la lenta ejecución del mismo.

El PP pide al mismo tiempo que Zapatero reduzca el déficit y que la Xunta pueda aumentar su deuda

Por su parte, el PP denuncia como discriminatoria la reducción que en términos absolutos experimenta la inversión del Estado en Galicia. Pero evita a toda costa establecer comparaciones con el presupuesto del último mandato de Aznar, en el que la inversión en nuestra tierra era en términos absolutos y relativos netamente inferior a la realizada por el Gobierno de Zapatero. Por otra parte, un partido como el PP que comparte con el Gobierno la necesidad de un fuerte recorte del gasto público, y proclama además la necesidad de rebajar los impuestos, carece de toda credibilidad para reivindicar una mayor inversión pública, salvo que nos diga de dónde piensa sacar los recursos. Son muchos los agentes políticos y sociales y numerosos los expertos que consideran que el plan de ajuste del Gobierno es muy negativo para la actividad económica y el empleo, en un país en el que la tasa de paro ronda el 20%. Pero entre ellos no se encuentra precisamente el PP.

Por otra parte, la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, advirtió la pasada semana del peligro que corren los servicios básicos de Galicia debido al recorte presupuestario al que está abocada la Xunta por la disminución de fondos que el Estado transfiere a Galicia, reducción que la conselleira cifra en 1.200 millones de euros. Al dar estos datos, Fernández Currás contabiliza, como si de la misma cosa se tratase, las menores contribuciones del Gobierno central y la menor capacidad de endeudamiento de la Xunta. La reducción de los recursos allegados por el Estado asciende a 458 millones, cifra que resulta de sumar la menor cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial (179 millones), la entrega a cuenta de la liquidación final que mengua en 169 millones y el pago del primer plazo de las liquidaciones negativas que asciende a 115 millones. El montante más importante del recorte de ingresos de la Xunta, 789 millones, nada tienen que ver con la reducción de las transferencias del Estado, sino con una menor capacidad de endeudamiento de la Xunta, y del resto de las comunidades autónomas, acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que forma parte la conselleira Currás, en el marco del plan de consolidación fiscal que el Gobierno presentó a la Unión Europea.

¿Cuál es, pues el motivo por el que la conselleira de Facenda, a la que se le supone competencia técnica, intenta sembrar la confusión?. Quizás sea porque contagiada de las malas artes de su jefe persiga un claro objetivo político: culpar al Gobierno central de los fracasos propios, justificar el recorte en el gasto social y disponer de una coartada para privatizar infraestructuras y servicios públicos.

Por eso la conselleira debería reconocer que no se puede exigir, como hacen todos los días Rajoy, Montoro o Feijóo, una fuerte reducción del gasto y una bajada de impuestos y reclamar al mismo tiempo que la Xunta pueda aumentar la deuda e incrementar el déficit. Las dos cosas al mismo tiempo, no. Por esa razón esperamos que Feijóo y su conselleira nos aclaren de una vez sus ideas y sus números. En especial, sería conveniente que el presidente explicara a qué se ha reducido su proyecto político tras los recortes sociales y de inversión que él mismo ha anunciado.