La Xunta mantiene la autovía de Carballo "pendiente de adjudicar"

Cinco días después de que la Xunta anunciara la anulación del proceso de contratación de la autovía Carballo-Berdoias, su situación oficial es "pendiente de adjudicar". Así figura en la web de la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, regulada por una orden de la Consellería de Facenda de junio de 2010, que obliga a actualizar la situación de los procesos de contratación de la Xunta.

De acuerdo con esa orden, la Xunta debe publicar los procedimientos anulados, las renuncias del órgano a celebrar el contrato o desestimientos de los procedimientos publicados. Nada de esto aparece en la información del contrato para el tramo Carballo-Berdoias de la Autovía de la Costa da Morte, después de que el pasado jueves, el conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, anunciara que el concurso se iba a declarar desierto.

Si la Xunta lo hubiera declarado ya, estaría incumpliendo la Ley de Transparencia y la orden que regula la Plataforma de Contratos Públicos. El PSdeG expresó ayer su sospecha de que, en realidad, la Xunta esté buscando todavía cómo darle cobertura legal a la decisión de no adjudicar la autovía, dada las previsibles reclamaciones económicas de las empresas que optaban al concurso. La mesa de contratación ya había seleccionado un proyecto, 215 millones euros más caro que otro descartado por una penalización y 395 millones más que el que manejaba el bipartito.

El estado actual del contrato, de haber sido declarado desierto, no es el único incumplimiento de la orden de la Consellería de Facenda, que obliga a publicar los cuadros comparativos de las ofertas económicas, la puntuación obtenida por cada oferta y el resumen de la motivación de la valoración obtenida. Ninguno de esos datos se puede consultar en Internet sobre el contrato de Carballo-Berdoias.

El PSdeG presentó ayer su petición de comisión de investigación sobre el caso, que el diputado Pablo López Vidal calificó de "el más grave de contratación pública de la legislatura". El socialista ve indicios de delitos como prevaricación, malversación y tráfico de influencias. El PP adelantó ayer su rechazo a investigar el caso, y atribuyó la decisión de licitar de nuevo la autovía a medidas del Gobierno como la subida del IVA.