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Reportaje:LECTURA

Mucha Unión, pocos derechos comunes

En la Europa sin fronteras se mueven bien ciertas empresas y capitales, pero se mueven mal los ciudadanos con sus derechos, encuadrados ahora por liderazgos rabiosamente nacionales. Lo denuncia Felipe González en su nuevo libro, 'Mi idea de Europa'

La ciudadanía tiene varias dimensiones. Una primera dimensión individual, política, que se refiere al paquete de derechos y obligaciones que la situación de pertenencia a un espacio público compartido, como la Unión Europea, confiere a los ciudadanos. Aunque siempre hablamos de los derechos, pero no de las obligaciones inherentes.

Naturalmente que tenemos deberes. Entre otras cosas, financiamos con nuestros impuestos el funcionamiento de la Unión Europea. También tenemos algunos derechos. El primer esfuerzo de introducción del elemento de ciudadanía europea, complementaria de la ciudadanía de cada país, se llevó a cabo con el Tratado de la Unión Europea. Y, ahora, el Tratado de Lisboa permite dar algunos pasos más consistentes.

Si echamos la culpa a la Unión de lo que nos va mal, por partidismos y nacionalismos estrechos, mal andamos

¿Cuántas medallas logró la UE en los Juegos de Pekín? Fueron un 30% más que las de EE UU. Pero nadie lo sabe

Aunque llevo muchos años en la sala de máquinas europea, yo tampoco entiendo los documentos de la Unión

Atribuir a una imposición de "Europa" el ajuste económico o las reformas es de una ignorancia increíble

Esa evolución de la ciudadanía ligada al individuo, la ciudadanía desde el punto de vista personal, nos plantea el problema de cómo dar a conocer a los ciudadanos y poner en práctica el paquete de derechos y obligaciones que se derivan del hecho mismo de su pertenencia a la Unión, en dos situaciones diferentes. Una de ellas es la situación del ciudadano de un país comunitario, un país de la Unión que no sea el suyo de origen porque resida en otro, y normalmente hay poca información de qué significa para un ciudadano alemán residir en España y qué derechos y obligaciones tiene en tanto que residente.

Otra cuestión que no estamos dispuestos a resolver -es difícil y se avanza poco- es la de la portabilidad de los derechos. Los ciudadanos se van a sentir identificados con la Unión cuando los derechos, hablo de los personales que tienen en su propio país, sean derechos que viajen con él a cualquier país de la Unión, aunque los Estados después se pongan de acuerdo entre ellos en cómo se imputan los costes y beneficios del ejercicio de los derechos que porta el ciudadano cuando se desplaza en el espacio público de la Unión.

Se producen muchas situaciones paradójicas, aunque hay poca movilidad interna relativa en la Unión para el grado de integración monetaria, de mercado interior, de libertad de establecimiento, etcétera. Hay libertad de movimientos, no hay fronteras, pero la movilidad interna es muy escasa. Es mucho menor que la que existe en el espacio de Estados Unidos, por ejemplo. Parece que hubiera algunas barreras intangibles que limitan esos movimientos.

Si tuviéramos que buscar el prototipo de un ciudadano europeo, y nos preocupáramos de verdad por los ciudadanos, miraríamos a un joven de veintisiete o veintiocho años, que ha estudiado con un Erasmus, que ha establecido una relación de pareja con alguien de otro país, que ambos están residiendo temporalmente en un tercer país que no es el de origen de ninguno de los dos, y que "para paliar la crisis demográfica europea" se les ha ocurrido tener un par de hijos. Si en algún momento nos detuviéramos a pensar qué es lo que ocurre con ellos, descubriríamos los problemas del ciudadano corriente para determinar la nacionalidad de los hijos, qué derechos tienen, cómo se inscriben en el registro. Resulta mucho más complicado que crear una empresa. Queremos una Europa de los ciudadanos, pero a los prototipos de ciudadanos europeos les complicamos la vida en el ejercicio de sus derechos civiles más elementales.

Aunque en la construcción europea se han hecho cosas fantásticas, hablamos mucho de ciudadanía, pero no nos metemos de verdad en la piel del ciudadano europeo, de los que han optado por ser europeos y practicarlo, que se trasladan con naturalidad por el territorio común y que lo han de hacer como si tuvieran que superar una carrera de obstáculos. No me extiendo más en los derechos personales, pero la cuestión de la portabilidad es importantísima, al igual que el reconocimiento de títulos, desde la formación profesional a la universitaria.

Por tanto, hay que avanzar en el proceso de Bolonia. Sería bueno que las universidades decidieran, dentro de su currículo, premiar la experiencia universitaria en un centro de otro país como contribución real a la ciudadanía europea.

La otra dimensión de la ciudadanía es más política, y en este aspecto hemos resuelto algunas cosas. Por ejemplo, en los lugares de residencia se tiene derecho a votar en las elecciones locales. Pero hay otros asuntos que no nos atrevemos a resolver dentro del espacio público que compartimos. Así, no hemos abordado con seriedad el tema de las listas electorales europeas, y por eso a veces nos frustramos de forma innecesaria cuando las elecciones europeas tienen tan bajo índice de participación.

¿Cuál es el problema? En primer lugar, la costumbre nacional de colocar en las listas electorales europeas a las personas que no sabemos dónde situar, aunque tengan mérito suficiente y sean gente con sobrada calidad para formar parte del Parlamento Europeo. La percepción ciudadana es que se manda a Europa a los que no se sabe dónde meter en el espacio nacional.

Por tanto, la dimensión de los derechos políticos está inacabada. No podemos ir otra vez a unas elecciones europeas sin que los grupos políticos identifiquen quién va a ser su candidato para competir al frente de una institución europea fundamental como la Comisión Europea. Creo que no podemos volver a hacerlo si creemos que los ciudadanos deben sentirse concernidos por un proceso electoral europeo.

En cuanto a la aproximación de los ciudadanos desde el punto de vista de la ciudadanía política, he observado que en aquellos aspectos en que los líderes políticos de cada país creen que no se puede seguir cediendo soberanía para compartirla, la mayoría de los ciudadanos tienen la visión contraria. Es decir, cuando alguien propone que hablemos con una voz común en política exterior en nombre de la Unión Europea, la reacción es contradictoria. El 70% de los ciudadanos europeos dicen que es mejor que hablemos con una sola voz con el presidente de China, el presidente norteamericano o el presidente brasileño, o si se trata del G-20 o del Fondo Monetario Internacional. Los líderes europeos, sin embargo, siempre argumentan que sus poblaciones no soportarían que se cediera un milímetro en esos aspectos de la soberanía nacional. Los ciudadanos parecen entender mejor la lógica de que algunos problemas se defienden con mucha más eficiencia como Unión. Si les preguntáramos: "¿Creen ustedes que deberíamos negociar con Rusia y con otros proveedores de energía como Unión o cada uno por su cuenta?", les aseguro que el 80% de los ciudadanos estarían de acuerdo en que mejor negociar juntos como Unión Europea. Los líderes dirían: "Eso no lo van a consentir los ciudadanos, ni interesa a mi país".

Otro aspecto difícil de encajar en la cuestión de la ciudadanía tiene que ver con la identidad. En realidad, en muchos países la ciudadanía está ligada a un sentimiento de pertenencia que es difícil de tocar. A mí me inquieta que se debata sobre esta cuestión como están haciendo en Francia. Se sabe cómo se empieza un debate de este tipo, pero no cómo termina, porque en realidad la identidad del ser francés es algo que se ha decantado a lo largo de siglos. Francia fue un Estado nación clave para la definición del concepto de ciudadanía moderna. En realidad, el jus soli, el que nace y vive en el territorio francés es ciudadano, disfruta de los derechos y obligaciones de la Constitución y del marco legal derivado. No hay que preguntar nada más en términos identitarios. No cuenta el derecho de sangre, no cuenta la identidad religiosa o cualquier otra. Se va conformando la identidad a partir de ese elemento básico que define también la laicidad del Estado.

Pero tenemos un problema de identidad como sentimiento de pertenencia al espacio público que compartimos como europeos. No es algo que se imponga. Se desarrolla en base a la toma de conciencia de los intereses y los valores que se comparten, más allá de la pertenencia a cada Estado miembro. Pero hay que demostrar que hay intereses comunes -como algo más que la mera suma de los intereses nacionales- en este proyecto común que compartimos en las áreas que son competencias de la Unión, capaces de generar un sentimiento de pertenencia que nos permita ir avanzando en la construcción de una ciudadanía europea. (...)

Imaginemos que pudiéramos poner en valor, en el supuesto de que quisiéramos explicarlo, cuántas medallas olímpicas obtuvo la Unión Europea en los Juegos de Pekín. Da la casualidad que fueron un 30% más que Estados Unidos, el primero en el medallero olímpico. Pero nadie lo sabe y, en parte por eso, a nadie le importa. Si por lo menos las instituciones de la Unión Europea lo pusieran de manifiesto y tuviéramos delante los gráficos que se publican en cada competición, empezaríamos a habituarnos y a sentirnos parte del éxito de Europa. Seguro que nos impresiona más saber cuántos premios Nobel tenemos como Unión, en lugar de país a país, pero jamás nos dirigimos a los ciudadanos en términos de Unión, siempre nos dirigimos en términos nacionales, incluso para pedirles el voto en las elecciones europeas, sin ofrecerles opciones en ese nivel. No pedimos en campaña para las elecciones europeas que opten entre dos proyectos de construcción europea, sino entre dos alternativas nacionales en las que la Unión Europea solo aparece como excusa.

Esto me lleva a la conclusión siguiente: el discurso político habitual es rabiosamente nacional, incluso cuando hablamos de elecciones europeas. No hay debates sobre temas europeos en elecciones específicas europeas. Y digo más, las elecciones europeas empiezan como confrontaciones nacionales y los representantes que tratamos de mandar al Parlamento Europeo casi nunca son los que protagonizan los debates electorales. Sin contar con la fantástica excusa que representa la Unión Europea para echarle la culpa de nuestros fracasos nacionales.

El colmo de esta ceguera lo hemos vivido en nuestro país con los debates sobre las medidas de ajuste y las reformas en marcha para salir de la crisis y afrontar el futuro. Independientemente del juicio sobre el acierto o no del Gobierno, atribuir a una imposición de "Europa" -sic- lo que decidimos entre todos en el Consejo Europeo resulta de una banalidad o de una ignorancia increíble que confunde a los ciudadanos y desprestigia la política.

Esta dinámica hay que cortarla si queremos que haya afecto de los ciudadanos europeos respecto a la construcción europea. Si algo nos va mal y encontramos culpable a la Unión, por razones estrictamente partidistas y de nacionalismos de vía estrecha, mal andamos.

Por último, si uno lee los documentos que produce la Unión desde distintos niveles institucionales, desde el Consejo Europeo hasta la Comisión, el Parlamento, etcétera, llegará a la conclusión de que parece que obedecen a dos objetivos fundamentales: primero, que no lo entiendan los ciudadanos, y segundo, que si lo entienden, no les interese. Estamos todo el día preocupados por la comunicación, por la transparencia, por la aproximación a los ciudadanos, pero no somos capaces de cambiar el lenguaje de la comunicación con ellos. Recibo multitud de documentación europea llena de siglas que hasta para mí, que llevo muchos años en la sala de máquinas, que soy europeo europeísta, resulta difícil de desentrañar.

Se supone que pretendemos que las conclusiones del Consejo Europeo lleguen a los ciudadanos y que las comprendan y asuman, para que estén al corriente de la marcha de la Unión Europea. Pero la verdad es que no llegan porque el lenguaje no es comprensible y cuando lo es no interesa su contenido. Es lo que se denomina lenguaje de madera, burocrático. Es preferible redactar conclusiones de tres folios que de treinta que no se entiendan y en los cuales el 70% del contenido sean declaraciones de estado de ánimo. "El Consejo Europeo, se dice, está preocupado o profundamente preocupado por lo que está pasando en tal o cual cuestión, o lo contrario, está contento o muy satisfecho con lo que está pasando en no sé qué otro sitio...". A los ciudadanos les interesa relativamente poco el estado de ánimo que expresan los dirigentes. Lo que quieren saber es lo que están dispuestos a hacer frente a los problemas que les conciernen. Toda esta literatura de declaración de estados de ánimo aleja a los ciudadanos de Europa.

Como la ciudadanía enfocada desde un punto de vista de los representados plantea un problema de afección-desafección de los ciudadanos, estos elementos son básicos para construir ciudadanía. El primero, el de la comunicación y la transparencia, está muy claro. Europa es absolutamente de cristal, todo lo que se hace se sabe o se puede saber, y se gasta mucho dinero en que se sepa. El problema es que el lenguaje con el que se comunica es horriblemente malo. Parece hecho para que no se entienda.

En lo que tiene que ver con la ciudadanía personal, sobre todo en la cuestión de la portabilidad de derechos, me atrevería a decir que en algún momento vamos a tener que crear un estatuto jurídico para los europeos que viven en la Europa sin fronteras que hemos creado. Es decir, para aquellos que pueden llegar a residir a lo largo de su vida en cinco Estados europeos distintos.

Se mueven relativamente bien ciertas empresas, se mueven bastante bien los capitales, pero se mueven mal los ciudadanos con sus derechos, cuando se supone que toda nuestra política es una política al servicio de los ciudadanos.

Mi idea de Europa, de Felipe González. RBA Libros. Precio: 20 euros. Se publica el 7 de octubre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de octubre de 2010