El Gobierno de Boric inicia una ofensiva y pide al Consejo del Estado evaluar acciones legales en contra de Manuel Monsalve

Cuando se cumple una semana desde que se hizo público que el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, renunciado el jueves, fue acusado por violación por una asesora que era su subalterna, el Gobierno del presidente Gabriel Boric ha comenzado a tomar acciones. Lo ha hecho tras una serie de controversias, entre ellas, que la dimisión se concretara dos días después de que el mandatario y la ministra del Interior, Carolina Tohá, se enteraran de que existía una denuncia en su contra (aunque no su contendido, han señalado) y, pese a eso, éste continuó en sus labores. Si por la mañana de este jueves Boric envió un mensaje de apoyo a las víctimas de delitos sexuales en Chile —en una evidente alusión al caso que golpea a La Moneda— al señalar que “nuestro deber es creerle; yo le creo”, por la tarde el Ejecutivo anunció que ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe si como funcionario público Monsalve pudo incurrir en un “potencial ejercicio indebido de funciones” y haber cometido eventuales delitos.

La solicitud al CDE la realizó la ministra Tohá, cartera a la que pertenecía Monsalve. Es una petición que ocurre 24 horas después que el fiscal Xavier Armendáriz, quien investiga la denuncia por violación, reveló durante una audiencia judicial una serie de gestiones que el médico de 59 años, quien renunció al Partido Socialista, realizó días antes de que la funcionaria presentara la denuncia el 14 de octubre. Entre ellas, pidió a un detective de la Policía de Investigaciones (PDI), institución que entonces estaba bajo su mando como autoridad civil a cargo de la seguridad pública, acercarse “al círculo íntimo de la víctima”.

Monsalve enfrenta una acusación por hechos ocurridos entre la noche del domingo 22 de septiembre y la madrugada del lunes 23. De acuerdo con la querella, cenó junto a su asesora, de 32 años, en un restaurante de comida peruana en el centro de Santiago, donde bebieron alcohol. Tras ello, la denunciante ha señalado que despertó a la mañana siguiente, sin recordar nada, en el hotel Panamericano —ubicado a pocas cuadras de La Moneda— donde residía el entonces subsecretario del Interior.

Armendáriz señaló que, como Fiscalía, “sabemos que ha habido gestiones previas sin que mediara ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado. Ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que no sólo asistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que, además, llegaron al círculo íntimo de la víctima”. “Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, y no voy a usar más verbos porque todavía no sé exactamente cómo encuadrar esa actividad, hasta que tengamos completos los hechos por parte del imputado. Se acercaron a su departamento”, agregó.

El Ministerio Público indaga desde hace una semana las gestiones que Monsalve realizó, cuando todavía estaba en el cargo, al pedir a funcionarios de inteligencia de la PDI que revisaran las cámaras de seguridad en el hotel donde habría cometido la agresión. Armendáriz reveló el miércoles que fue a través de la declaración de una funcionaria de la PDI que supo que él [Monsalve] “le pidió que se acercaran a la víctima. Entonces, si hace esto, no sabemos si se va a repetir. Es una investigación que está en curso, que está recién empezando”.

Precisamente, relacionado con estas aristas es que la noche del jueves, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, dipuso “el retiro absoluto” de la institución de la jefa nacional de Inteligencia Policial, la prefecta inspectora Cristina Vilches. En un comunicado público señaló que la baja se produjo “en razón al estándar de prudencia necesaria para llevar a cabo las actuaciones en el marco de la Ley de inteligencia” y en el contexto ”de los hechos de público conocimiento, relacionados con el exsubsecretario del Interior”.

Boric: “Yo le creo”

Desde que el caso de Monsalve se conoció públicamente el jueves 17, cuando el periódico La Segunda reveló que la Fiscalía lo investigaba por un grave delito sexual, y luego el subsecretario presentó su renuncia, el Gobierno ha intentado explicar por qué si tanto la ministra Tohá como el presidente Boric estaban al tanto de la denuncia desde el martes 15, el subsecretario siguió cumpliendo sus funciones hasta dos días después. Incluso, al funcionario se le permitió viajar a la región del Biobío a conversar con su familia y, horas antes de su dimisión, participó en su calidad de autoridad a cargo de la seguridad pública en una comisión de presupuesto en el Senado.

Con los días, la situación de Monsalve ha hecho cada vez más compleja, en especial después del relato que hizo el fiscal Armendáriz, quien al poner en contexto las gestiones que hizo como subsecretario previo a que se concretara la denuncia, dijo: “Entre el imputado y la víctima hay una relación asimétrica. Uno es el jefe de la otra. Pero, además, no es cualquier jefe. Es una figura pública. Es una figura que tiene peso en el ámbito social. Tiene poder, tiene influencia, tiene alcance. No es cualquier jefe”. Y agregó: “Por un lado, tenemos una persona de peso, en un delito, en un contexto de la esfera de la sexualidad, de una persona que es subordinada a suya, y que lleva adelante actuaciones que pueden, podrían significar pérdida de evidencia”.

Este jueves, Boric se ha referido por segunda vez al caso Monsalve, después de la controvertida rueda de prensa de 53 minutos del viernes 18, y ha enviado un mensaje a las denunciantes de delitos sexuales. “Nuestro deber es creerle, yo le creo, y es deber de la justicia, sin presión alguna, determinar de manera imparcial la culpabilidad o no del acusado”, ha dicho en una actividad sobre la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias en San Joaquín, un municipio al sur de la Región Metropolitana.

Boric, quien evitó mencionar nombres, ha remarcado que “cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar más aún contra alguien que ostenta más poder”. También reconoció que “nadie está exento de que alguien cometa delitos, traicione confianzas, burle la ley o el derecho. La pregunta es cómo reaccionamos ante aquello, y tenemos que reaccionar firmes, sin privilegios, sin defensas corporativas”.

Luis Cordero, nuevo subsecretario del Interior, ha dicho que la postura de Boric, de creerle a las denunciantes de abuso sexual, no sólo es una opinión personal, sino institucional. Dentro de la oposición, aunque han valorado las declaraciones de este jueves, las consideran tardías, como la alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, quien ha dicho que “mejor tarde que nunca, pero pucha qué tarde”. Sin embargo, los mayores cuestionamientos han recaído sobre la ministra Tohá, pues la oposición le acusa de responsabilidad política en la crisis que se ha desatado en La Moneda tras el caso. Para el diputado Andrés Longton, del partido de derecha Renovación Nacional, el hecho de que la jefa de Gabinete, quien tenía una jerarquía mayor a Monsalve, no hubiera actuado a tiempo “revela la falta de control o permisividad que había ante situaciones evidentemente irregulares”.