Socialistas y peneuvistas se enzarzan por el recorte del presupuesto estatal para el AVE
No se han apagado aún los ecos de la negociación entre el Gobierno central y el PNV para el traspaso a Euskadi de las políticas activas de empleo, cuando surgen las primeras fricciones entre ambas partes tras conocerse que en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 habrá un recorte en la financiación del proyecto del AVE vasco. El portavoz peneuvista en el Congreso, Josu Erkoreka, advirtió ayer de que su partido no apoyará las cuentas públicas si se confirma el "parón" en la construcción del trazado ferroviario. El proyecto presupuestario elaborado por el Gabinete de Zapatero prevé una partida de 135 millones para las obras del tren de alta velocidad en Euskadi, un 38% menos que los 218 millones consignados para 2010.
Erkoreka aseguró que una reducción del montante destinado al AVE "requiere una explicación clara del Gobierno", pues, a su juicio, resulta "insuficiente" la explicación ofrecida anteayer por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, quien aseguró que la rebaja no retrasará las obras. Su compañero de filas Andoni Ortuzar incidió en la misma línea: "El PNV va a ser inflexible, porque el TAV lleva muchos años de retraso en Euskadi y no vamos a perder ni un segundo más".
Ante las advertencias peneuvistas, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, replicó en Barakaldo que las obras del AVE vasco no sufrirán "ningún retraso", pese al descenso de la inversión prevista en 2011. La merma presupuestaria se debe, según explicó, a que inicialmente "había una consignación muy importante para expropiar terrenos que, una vez pagadas, desaparecen del presupuesto". Por tanto, los 135 millones asignados es el dinero que se puede gastar el año entrante.
Zarrías enfatizó que "el Gobierno de España mantiene su compromiso con esta obra", que calificó de "clave y fundamental". El Ejecutivo de Zapatero asume directamente las obras del tramo Vitoria-Bilbao del AVE, mientras que el vasco se encarga del tramo guipuzcoano, aunque su coste lo abonará al final el Estado.
