Tres años de cárcel por los tumultos del 'macrobotellón' del Raval en 2006

La batalla campal que vivió Ciutat Vella en marzo de 2006 por la celebración de un macrobotellón en la Rambla del Raval acabó con 54 detenidos y daños en comercios y en el espacio público valorados en 200.000 euros. Cuatro años más tarde, un juzgado de lo penal de Barcelona ha condenado a dos de los participantes en aquella algarada a tres años de cárcel por daños y seis meses más por desórdenes, y al pago de una indemnización de 4.400 euros al Ayuntamiento -por la quema de contenedores- y 700 al propietario de un vehículo que sufrió desperfectos.

Los dos acusados tenían 22 y 23 años cuando se convocó por Internet un macrobotellón que acabó en una batalla campal por Ciutat Vella con 69 heridos, además de los 54 detenidos. Un panorama bastante parecido al que vivió Barcelona el 29 de septiembre, día de la huelga general.

Desde entonces, los tribunales han instruido 123 causas por desórdenes y daños en Barcelona, de las que 72 han derivado en sentencias condenatorias, a falta de conocer el fallo de otras 12, según explicó ayer en el pleno Assumpta Escarp, teniente de alcalde y responsable de seguridad. La mayor parte de esos procesos tienen que ver con el citado macrobotellón y los incidentes que se han sucedido tras las celebraciones de los títulos del Barça en los últimos años, además de un altercado que acabó en desórdenes en el barrio de Santa Caterina. Las sentencias, por lo general, acaban en multas -que no se pagan en su mayoría- o trabajos a la comunidad.

La de los dos condenados por el macrobotellón del Raval se puede considerar excepcional. En parte porque la prueba estaba clara: los dos se hicieron fotos con los contenedores ardiendo. "Los tribunales están empezando a imponer sentencias ejemplarizantes, pero hay que concretar las acusaciones bien", argumentaba Escarp a las críticas de la oposición tras la batalla del miércoles y la demanda de responsabilidades.

Ese fue el hilo conductor de gran parte del debate, que acabó en dos proposiciones. Una, la mayoritaria, votada por el PSC, ERC, CiU e ICV, que demandaba la reunión de la Junta de Seguridad Local para evitar la repetición de hechos similares. Se trata de un pronunciamiento muy similar al que se produce cada vez que hay incidentes violentos en la ciudad. La otra proposición, del PP -también la apoyó CiU-, iba más allá, al mezclar los incidentes con la "urgencia" de desalojar todas las casas ocupadas. Para el PP, una cosa lleva a la otra.

"Hace unos años nos dijeron que se trataba de un grupo de 200 violentos que la organizan cuando tienen ocasión. Y seguimos igual", defendió Alberto Fernández Díaz, quien demandó más dureza a los responsables de seguridad municipal y menos tibieza con las acciones okupas. No se puede ir más allá de la ley, se defendió el alcalde, Jordi Hereu, que no obstante pidió a los jueces "más presión" para erradicar rápidamente las ocupaciones como la del Banesto.