Los Mossos y la propiedad alertaron al juez de los riesgos de la ocupación de Banesto

Apenas 24 horas después de que un grupo de jóvenes antisistema entrase de forma ilegal en el edificio Banesto, los Mossos alertaron al juez de los riesgos que entrañaba esa ocupación. Agentes de la policía autonómica le expusieron, de forma oral y con detalle, el contenido de la denuncia presentada por Andybal, la empresa propietaria. Las diligencias detallan que hay agujeros de tres metros en los suelos del inmueble -lo que suponía un "peligro claro" para los ocupantes- y un generador eléctrico de gasolina.

Lo más relevante, sin embargo, es lo que narra el conserje que presenció el asalto: los antisistema habían "instalado un mural a modo de mapa de Barcelona con los diferentes distritos marcados y actos reivindicativos" para los siguientes días, incluido el 29-S.

Con toda esa información en su mano y a cuatro días de algo tan excepcional como una huelga general, el juez no consideró que fuera urgente el desalojo de un edificio situado en plena plaza de Catalunya, uno de los escenarios principales de los actos sindicales. El magistrado actuó como si se tratara de una ocupación más e hizo lo que la mayoría de sus colegas: derivó el caso a la vía civil, más lenta que el desalojo exprés.

La propiedad sí solicitó al juez la restitución inmediata del edificio, al contrario de lo que sostuvieron el jueves fuentes judiciales. La petición de desalojo no está en la denuncia inicial, pero sí en el informe aportado al juzgado por la policía.Lo habitual en casos de usurpación es que la policía envíe los documentos para que el juzgado tramite la denuncia cuando convenga. La relevancia de la ocupación del Banesto y sus riesgos, sin embargo, llevaron a los agentes a presentarse en persona ante el juez. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Maria Eugènia Alegret, pidió que "se evite la polémica entre instituciones" y que los esfuerzos se centren en hallar "herramientas de prevención" frente a los antisistema.

Los Mossos resumieron al juez el contenido de la denuncia, interpuesta el sabado a medianoche. La empresa propietaria sostiene que unos 60 jóvenes de "estética antisistema" se descolgaron con arneses por la fachada para colgar una pancarta. El conserje observó que en el interior había "una gran actividad de personas" que bailaban, practicaban gimnasia y bebían. En la denuncia, la propiedad deja claro que "desconoce quién o quiénes han podido ser los organizadores", que "en ningún caso ha autorizado la entrada de estas personas al edificio" y que está "preocupada por que pueda ocurrir un accidente" en el edificio, que está en obras.

Riesgo de fuga

Los Mossos no aportaron información adicional porque entonces no tenían elementos para pensar que el Banesto iba a ser usado como "cuartel general" por los antisistema para planear los altercados del miércoles, que pusieron Barcelona patas arriba. Los incidentes entre una minoría de violentos y los antidisturbios se alargaron nueve horas en el centro de la ciudad y se saldaron con daños en comercios y mobiliario urbano, además de 81 heridos leves y 43 detenidos.

De los nueve detenidos que pasaron a disposición judicial, dos ingresaron ayer en prisión provisional: César Z. F. y Gociu B. M. El primero está acusado de cruzar contenedores en el paseo de Gràcia, incendiarlos y lanzar piedras contra mossos. La juez decretó prisión por la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, ya que César es extranjero. Gociu arremetió presuntamente contra una furgón policial. Como vive en la calle y no tiene familia ni trabajo, la juez también aprecia riesgo de fuga.

Ambos están acusados de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, daños, lesiones e incendio. La fiscalía no pidió prisión para los otros siete, que quedaron en libertad con cargos por desórdenes públicos y atentado leve contra policías. La mayoría de los arrestados, sin embargo, quedaron imputados tras declarar en comisaría porque sus acciones son de menor entidad.