238 juicios deben repetirse por la salida de un juez de la Audiencia

El Consejo del Poder Judicial ha desoído una petición de la Audiencia Nacional y ha suspendido cautelarmente al titular del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4, Manuel Arce, ante sus retrasos escandalosos en la resolución de casos que podrían constituir una falta muy grave. El resultado es que 238 juicios ya celebrados por Arce pero que todavía estaban pendientes de sentencia tendrán que repetirse, con el consiguiente perjuicio para las partes, que sufrirán dilaciones aún mayores y tendrán que correr con los gastos adicionales de sus abogados. La decisión del Consejo obligará además a la Audiencia a solicitar jueces de refuerzo para el juzgado con el fin de sacar adelante el trabajo acumulado.

En 2005, el Consejo le impuso una multa de 10.000 euros por incumplir su horario

El expediente de jubilación forzosa puede apartarle de la judicatura

Esos 238 juicios deberán repetirse porque la Constitución y las leyes obligan a que el juez que los haya celebrado sea el que necesariamente ponga la sentencia. Si la resolución fuera adoptada por otro magistrado -por ejemplo, un sustituto o un juez de apoyo-, podría ser invalidada al haberse adoptado vulnerando el derecho fundamental al juez ordinario y predeterminado por la ley recogido en la norma fundamental. Por esa razón, su suplente tendrá ahora que celebrar de nuevo las vistas y redactar y firmar las correspondientes sentencias.

La comisión permanente del Consejo -formada por el presidente del órgano, Carlos Dívar; las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra; y los conservadores Antonio Dorado y Manuel Almenar- suspendió a Arce en contra de un informe de la Sala de Gobierno de la Audiencia. El tribunal, tras evaluar la situación del juzgado y encontrarse con más de 500 resoluciones pendientes en junio, pedía sólo que se le abriera expediente por falta muy grave y que se nombrara un juez de apoyo que le ayudara con las restantes tareas mientras este se concentraba en las resoluciones pendientes.

Pero el Poder Judicial fue más allá y lo apartó provisionalmente. La decisión obliga ahora a la Audiencia a solicitar un plan de choque, que podría consistir en el nombramiento de uno o dos nuevos magistrados de apoyo que saquen adelante el trabajo pendiente y celebren los nuevos juicios, aunque los daños económicos y dilatorios para los afectados se dan por seguros.

Y todo ello a pesar del largo historial disciplinario del magistrado, bien conocido en el órgano de gobierno de los jueces que, sin embargo, nunca había puesto solución. La desatención con la que llevaba su juzgado ya fue detectada y sancionada por el Consejo del Poder Judicial en marzo de 2009. El pleno lo suspendió durante tres meses por lo que pudo ser el germen del desgobierno actual del juzgado. Arce tenía 160 procedimientos pendientes de sentencia y 137 juicios celebrados y sin resolución, algunos de ellos de 2006.

Antes, en 2005, el Consejo le había impuesto una multa de 10.000 euros por incumplir sistemáticamente su horario y por abuso de autoridad, un castigo que el Supremo le levantó tres años después. El expediente relataba cómo Arce se dirigía a los funcionarios de forma "prepotente, despótica, humillante, vejatoria y desconsiderada". 23 de estos trabajadores pidieron el traslado entre 1999 y 2004 y otros tres se dieron de baja por depresión, ansiedad o estrés. El juez les gritaba, daba golpes en la mesa, se dirigía a ellos llamándoles "feo", "gordo" o "calvo" y les obligaba a referirse a él por el tratamiento de "Señoría Ilustrísima".

El Consejo entiende ahora que esas situaciones no se pueden repetir. Por eso, además de la suspensión y el expediente disciplinario, ha abierto al magistrado otro de jubilación por incapacidad que podría apartarlo definitivamente de la carrera. El problema Arce, casi 11 años después del primer síntoma, tendrá por fin solución. Pero en el trámite habrá dejado importantes daños colaterales.