La Audiencia pide reforzar el juzgado que debe repetir 238 juicios por la suspensión del titular

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado proponer a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial el refuerzo del juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 4 cuyo titular, Manuel Arce, que fue suspendido por el propio gobierno de los jueces, lo que obligará a repetir 238 juicios ya celebrados.

Esos 238 juicios deberán repetirse porque la Constitución y las leyes obligan a que el juez que los haya celebrado sea el que necesariamente ponga la sentencia. Si la resolución fuera adoptada por otro magistrado -por ejemplo, un sustituto o un juez de apoyo-, podría ser invalidada al haberse adoptado vulnerando el derecho fundamental al juez ordinario y predeterminado por la ley recogido en la norma fundamental. Por esa razón, su suplente tendrá ahora que celebrar de nuevo las vistas y redactar y firmar las correspondientes sentencias.

La comisión permanente del Consejo formada por el presidente del órgano, Carlos Dívar; las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra; y los conservadores Antonio Dorado y Manuel Almenar- suspendió a Arce en contra de un informe de la Sala de Gobierno de la Audiencia. El tribunal, tras evaluar la situación del juzgado y encontrarse con más de 500 resoluciones pendientes en junio, pedía sólo que se le abriera expediente por falta muy grave y que se nombrara un juez de apoyo que le ayudara con las restantes tareas mientras este se concentraba en las resoluciones pendientes.

Pero el Poder Judicial fue más allá y lo apartó provisionalmente. La decisión obliga ahora a la Audiencia a solicitar un plan de choque, que podría consistir en el nombramiento de uno o dos nuevos magistrados de apoyo que saquen adelante el trabajo pendiente y celebren los nuevos juicios, aunque los daños económicos y dilatorios para los afectados se dan por seguros.

Ahora, la Sala de Gobierno de la Audiencia ha pedido un refuerzo de tres Jueces de provisión temporal por un plazo de seis meses, prorrogables por otros seis, a fin de que puedan dictar las sentencias pendientes.