La fiscal aprecia otro delito de falsedad de la Diputación por los bonos del 'ferry'

La desaparición de más de 35.000 bonos del ferry de Bilbao a Porsmouth y, con ello, la pérdida de 9,7 millones de las arcas de la Diputación de Vizcaya da un nuevo giro. La Fiscalía de la Audiencia de Vizcaya ha abierto otra investigación por un supuesto delito de falsedad de un alto cargo foral y censura con dureza la actuación de la Diputación por la falta de custodia de los bonos, algo "impropio de una Administración que abona tales cantidades por dichos documentos".

La decisión de la fiscal se refleja en un escrito del 3 de mayo cuyo contenido fue desvelado ayer por el PP. Esta formación llevó el caso a la fiscalía en noviembre pasado, por un posible delito de malversación de caudales públicos por la pérdida de 9,7 millones.

Cuestiona a una alto cargo que certificó que no había bonos desde 2000

La investigación del Ministerio Público sobre la supuesta malversación quedó archivada en ese decreto de mayo que, sin embargo, supone todo un varapalo a la Diputación. La fiscal jefe vizcaína, Carmen Adán, asegura que "no consta" ninguna "averiguación o expediente" de la institución foral por la posible pérdida de los bonos. Incluso agrega que en julio de 2009 el actual director de Transportes, Alberto Mostajo, pidió a la naviera documentación, "que en principio debiera obrar en poder del departamento", sobre las fechas, el lugar de entrega y las personas receptoras de los billetes y documentación utilizada para los canjes entre 1995 y 2007.

Con todo, lo más llamativo para la fiscalía es que la jefa del Servicio de Transportes, Esperanza Hernández, certifica en un documento que no existen bonos en el departamento desde 2000 -cuando el área pasa de manos del PSE al PNV-, y que a partir de ese año la entrega de los billetes se realizaba con una firma entre el director de Transportes y el solicitante.

Sin embargo, agrega, el director de la naviera, Christopher Davey, aportó documentación que refleja que los bonos se entregaron hasta el 26 de abril de 2004, lo que "está soportado con los bonos físicos". Esta declaración deja "el certificado [de la jefa de Servicio] en serias dudas de autenticidad", precisa la fiscal.

Adán explica que el delito de malversación no puede valorarse por la "variedad y contradicción de declaraciones y explicaciones, la falta de un expediente abierto en su momento [por la Diputación]" y la carencia de documentación en la sede de la institución.

La fiscal apunta que la decisión foral de no recurrir la sentencia que le obligó a pagar los 9,7 millones puede tener diferentes explicaciones, desde evitar "que trascendiera públicamente tal desaparición" hasta que se hubieran sustituido por actas o la creencia de que podían seguir usándose los viajes.

Estos derechos de viaje han sido el principal argumento de la Diputación para negar cualquier pérdida patrimonial. Adán cuestiona este argumento, al no explicarse "el no uso de viaje alguno con posterioridad a la sentencia".

El escrito aporta otra novedad. La Diputación y el PNV han asegurado, en su defensa, que se han seguido utilizando bonos y han citado 100 solicitados en noviembre pasado, después de destaparse el caso. En cambio, la fiscal incluye la declaración del director de la naviera, quien ha declarado que dicho mes recibió una llamada del cónsul británico en Bilbao, previamente contactado por la diputada de Transportes, "pidiéndole un favor, en concreto que querían usar unas actas para viajes. Lo consultó a sus superiores en Dover, quienes lo autorizaron como un favor específico".

El escrito revela que, según la documentación de la naviera, figuran como beneficiaros "entidades privadas y personas que no encajan" con las características de los bonos, tales como "el Colegio Alemán, el Colegio de Abogados e incluso un rally de coches". "La contestación de la Diputación es que no existían criterios por escrito sobre el uso o reparto de bonos", aunque el actual director de Transportes afirma que, desde que accedió al cargo, se dirigen a colegios y entidades sin lucro.

El PP calificó ayer el caso de "absoluto despropósito", en poalabras de sus portavoces Carlos Olazabal y Esther Martínez,.